El Ministerio Público emitió ayer la imputación formal contra cinco promotores del paro de 36 días en el departamento de Santa Cruz por el Censo de Población y Vivienda, por lo que se los investiga por nueve delitos. Entretanto, la Coordinadora por la Defensa de la Democracia denunció una persecución política, por lo que anunció que asumirá “acciones”.
Los imputados son: Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm); Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm; José Luis Santistevan, abogado constitucionalista; y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Cabe recordar que la denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2022 por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno, Marcelo Mayta. La demanda fue aceptada por la Fiscalía de La Paz luego de dos días, a pesar de que los hechos acontecieron en la capital cruceña.
Los delitos tipificados en la imputación son: terrorismo; resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
COORDINADORA POR LA DEMOCRACIA
Por otro lado, la Coordinadora por la Democracia y la Libertad determinó ayer convocar al Comité pro Santa Cruz a una nueva reunión con miras a instalar una Asamblea de la Cruceñidad ante las alertas que se encendieron tras conocerse la ampliación de la imputación contra los líderes de la institucionalidad cruceña por el caso del paro de los 36 días por el Censo.
Al término de la reunión, las conclusiones se plasmaron en un documento en el que se reflejan ocho puntos específicos, en donde también se anotaron otras demandas departamentales; sin embargo, se prevé que en próximos encuentros se aborde las acciones a seguir respecto a los imputados por el paro de los 36 días.