El juicio oral contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por los destrozos en la Fiscalía General de Sucre, fue suspendido ayer debido a la ausencia de los abogados de dos imputados. Uno de los procesados, Yassir Molina, presentó un memorial para someterse a un proceso abreviado, pero además en el documento implica a políticos en los conflictos de 2019.
Ludwing Ledezma, abogado de Milena Soto, dijo que Molina pretende minimizar su pena por los delitos en su contra, inculpando a autoridades y exautoridades como el cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y al concejal Diego Murillo, entre otros.
“Yassir se está convirtiendo en testigo protegido del Estado. (…) Está buscando la forma de meterlos a la cárcel a cambio de reducir su pena a 10 años de los 20 que tenía que tener”, dijo Ledezma.
El concejal de Cochabamba Diego Murillo negó completamente la relación con el imputado, aseguró que todo es político y sólo quiere mellar la gestión que se realiza con el alcalde Reyes Villa.
“Como muchos vecinos, fuimos a ayudar dando un poco de comida, refresco, pero jamás participé de los hechos vandálicos de los que se le acusa a este señor Molina. Todo esto es netamente político, ustedes saben que este chico es delatado por sus mismos compañeros en las redes sociales”, expresó el concejal.
Aseguró que el trabajo de la Fiscalía es averiguar, mediante los celulares, quiénes los financiaban o los dirigían. “Yo tengo para demostrar que mi persona, como mi familia, siempre ayudamos en actos solidarios”, añadió.
Audiencia
Ayer se instaló el juicio oral contra seis miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en Sucre, pero tras evidenciarse que los abogados de dos imputados no se encontraban el juicio fue suspendido para hoy a las 9:30.
La integrante de la RJC Milena Soto, también procesada en este caso, criticó duramente a Molina y dijo que él sólo pretende negociar su libertad olvidando la lucha que unió a todos los bolivianos.
Soto reiteró que no participó en las movilizaciones en Sucre en 2020 porque en ese momento trabajaba en la Dirección de Migración en Cochabamba, pero que el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó eliminar el registro que daba cuenta de sus funciones en esta repartición estatal.
En tanto, Molina indicó ante los jueces que ya solicitó un juicio abreviado de forma escrita para “llegar a la verdad de los hechos” y para “dar con los verdaderos autores intelectuales”.
“Los de la RJC hemos sido instrumentalizados y otros ni siquiera han sido partícipes del hecho”, aseveró Molina.
Tras la postergación de la audiencia, el juez de Sentencia Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Emilio Pinto, confirmó que Molina reiteró su intención de someterse a un proceso abreviado. El Ministerio Público aceptó que el abogado de Molina, Jhasmani Torrico, se conecte virtualmente a la audiencia de juicio oral.
