Familiares de quienes fallecieron en Pedregal, Senkata y Sacaba organizaron vigilias para manifestar sus pedidos de justicia por los hechos de 2019.
Familiares de las víctimas que murieron en Senkata, en Pedregal y Sacaba, así como varias organizaciones sociales respaldaron ayer la aprehensión del excívico Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I.
Las asociaciones de víctimas decidieron montar vigilias tanto en inmediaciones de las oficinas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) —donde el excívico estuvo detenido— como en el puente de Huayllani, lugar en el que sucedieron las muertes en Cochabamba, esperando noticias sobre el proceso judicial.
Asimismo, a lo largo de la jornada, organizaciones como Los Ponchos Rojos de Achacachi, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Bartolinas) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) hicieron público su apoyo a la determinación del Ministerio Público de aprehender a Camacho el miércoles.
Frida Conde, cuyo hermano murió el 11 de noviembre de 2019, en la zona Sur de La Paz, declaró —visiblemente emocionada— que nunca dejará de pedir justicia y que no se rendirá hasta que los responsables por las matanzas estén en la cárcel.
Ella es parte de quienes se dieron cita en la FELCC para manifestarse contra Camacho pidiendo justicia, ya que se lo acusa de terrorismo por ser parte de los promotores del golpe de Estado de 2019.
“Mi hermano y dos personas más murieron por la represión de la Policía, no voy a descansar hasta ver a los culpables tras las rejas”, afirmó.
Gloria Quisbert, presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, pidió que el político responda por la sangre derramada por 37 personas.
“Hemos pasado una Navidad en el cementerio llevando flores, eso no tiene perdón. Lo que a nosotros nos han hecho, el derrame de sangre en la iglesia de Senkata cuando han cortado a nuestros seres queridos, con serrucho, como a corderos”, narró a medios locales a tiempo de pedir la pena máxima para Camacho y para los demás involucrados.
Por otra parte, los Ponchos Rojos aplaudieron las acciones de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno, que culminaron en la aprehensión del exdirigente cívico. Justino Apaza, secretario ejecutivo de la Fejuve, pidió a la justicia no dejar en libertad al sindicado y exigió que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (CSUTCB), Ever Rojas, indicó que Camacho debe responder ante la justicia por los hechos de 2019 y su sector exigió la máxima pena de cárcel como sanción.
Flora Aguilar, líder nacional de las Bartolinas, hizo eco del pedido de justicia y aseveró que los años de espera por algún tipo de sanción han dado frutos y pidió, también, que el opositor permanezca en la cárcel por ser responsable de esas masacres.
