Frente a los casos de cancelación de conciertos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, sostuvo que la elaboración de una ley para la regulación de la organización de esos espectáculos es responsabilidad de los gobiernos municipales. Ello en el marco de las competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías.
“Necesitamos una norma, yo no creo que sea una ley nacional de eventos y espectáculos públicos, porque eso rompería con las atribuciones que tienen los gobiernos municipales. Se debe contar con normativa, principalmente, en el eje troncal y capitales de departamento donde normalmente se llevan adelante estos eventos”, declaró Silva, citado por una nota de prensa.
La autoridad anunció que solicitará a la Asociación de Municipios de Bolivia y a la Federación de Asociación de Municipios Bolivia que se trabajen normativas específicas del ámbito municipal.
Silva explicó que la cancelación de conciertos y espectáculos muchas veces responde a que el organizador no realiza un estudio de mercado adecuado para el artista que quieren traer, o simplemente no cuentan con el capital correspondiente. También mencionó los factores de la falta de logística o de conocimiento sobre el rubro.
La autoridad comunicó que en el país solo existen cinco empresas legalmente constituidas, y alrededor de 10 mil usuarios y consumidores que se vieron afectados por la cancelación o suspensión de conciertos.
El Viceministro pidió a los usuarios tomar sus recaudos al momento de adquirir entradas para espectáculos, y buscar la información real en plataformas oficiales de los artistas.
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