La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró que la detención preventiva de Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro obedece a una estricta decisión judicial y no del Órgano Ejecutivo.
Recordó que Camacho se negó asistir a cuatro citaciones del Ministerio Público con la intención de obstaculizar las investigaciones policiales y judiciales sobre su actuación en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Manifestó que otros implicados en el mismo caso, como Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, concurrieron ante los fiscales, si bien algunos se acogieron al derecho al silencio, pero respondieron a las notificaciones.
En cambio, Camacho, en su condición de presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y líder de la Unión Juvenil Cruceñista, organizó y “arreglo” con su padre “Papi” Camacho, el levantamiento militar y policial en el golpe, y él mismo invadió el Palacio de Gobierno.
“No es el Gobierno que ha detenido, no es el Gobierno que ha tomado las acciones judiciales; (él) es parte de una investigación y eso hay que dejarlo claro, que se inicia en noviembre y prosigue diciembre de 2020 y tiene este proceso y avance”, dijo.
La viceministra Alcón recordó que una comisión internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la GIEI) constató que hubo golpe, levantamiento contra el orden constitucional, actuación de grupos de choque armados y masacres de civiles indefensos en Sacaba y Senkata, que Camacho se involucró en estas acciones violentas.
Añadió que: “es una investigación por la interrupción del orden democrático en 2019, que luego ha desencadenado en una serie de hechos que se visibilizó en el país con las graves violaciones a los derechos humanos, con las masacres de Sacaba y Senkata, que son acciones posteriores y que el GIEI ha señalado de manera clara que tienen que investigarse, esto es parte de un proceso judicial”.
La autoridad dejó en claro que no hay secuestro de Camacho ni orden alguna del gobierno para detenerlo, sino una actuación autónoma de la justicia boliviana.
Por su parte, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, anticipó que existe una investigación reservada de sospechosos movimientos económicos destinados a financiar la alteración del orden constitucional, en el que Camacho tiene que ver.
