De acuerdo al informe brindado por la ATT, éste señala que estos medios estaban funcionando de manera ilegal, puesto que no contaban con la frecuencia en la zona de los Yungas e incluso interferían en la emisión a medos legalmente establecidos.
“No se trata de ninguna acción de hostigamiento a la prensa, sino por el contrario se trata de un tema técnico de fiscalización que realiza la ATT”, aclaró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en sentido de la denuncia presentada por algunos gremios periodísticos sobre un hostigamiento de esta entidad contra los medios en los Yungas y el cierre de radios.
La autoridad nacional explicó que, de acuerdo al informe brindado por la ATT, éste señala que estos medios estaban funcionando de manera ilegal, puesto que no contaban con la frecuencia en la zona de los Yungas e incluso interferían en la emisión a medos legalmente establecidos.
“La ATT actuó a base de una orden judicial realizando operativos en la zona para decomisar los aparatos de la emisora que trabajaba de forma ilegal”, explicó
Recalcó que el Estado tiene atribuciones y mecanismos para operar y actuar de acuerdo a la normativa vigente, y reiteró que como Gobierno se trabaja en garantizar la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación legalmente establecidos, ya sea privados, comunitarios, entre otros.
Mas temprano, la ATT mediante un comunicado señaló que en cumplimiento a sus atribuciones conferidos por la Ley 164 General de Telecomunicaciones, con el fin de resguardar la economía del Estado, realiza de manera recurrente operativos de secuestro de equipos de radiodifusión ilegales que interfieren la frecuencia de operadores legales.
Los procesos de secuestro se realizan en el marco de un cronograma aprobado que prioriza zonas de concentración de radiodifusoras ilegales, cumpliendo actos estándares técnicos y prendimientos legales establecidos en la normativa.
