El anuncio de implementar grupos de autodefensa en el trópico cochabambino es inconstitucional y delictivo, según expertos constitucionalistas.
El exmandatario Evo Morales señaló el domingo que, ante la ausencia del Ministerio de Gobierno en Chapare, se organizarán grupos de “ronderos” para controlar la presencia de extranjeros.
El abogado y exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia sostuvo que la conformación de grupos de autodefensa vulnera dos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y es un delito penal.
Precisó que el artículo 98 de la CPE establece que sólo el Estado tiene competencia para la creación de entidades de defensa como la Policía y las Fuerzas Armadas. “Es una competencia privativa del Estado y, caso contrario, se trata de grupos irregulares”, sostuvo.
Además, el artículo 251 de la CPE establece que la Policía ejerce las tareas de seguridad en todo el territorio nacional bajo mando único, y la creación de grupo paraestatales quiebra el orden constitucional, convirtiéndose en un delito.
Aclaró que, si desde el Gobierno no se desarticulan y procesan estos grupos parapoliciales, se incurre en la violación de derechos humanos. Y, desde el orden penal, se trata de delitos de usurpación de funciones.
Para el politólogo Franklin Pareja, se trata de declaraciones delictivas y no políticas, porque es un desconocimiento al ordenamiento jurídico y una ruptura del orden constitucional. “Se quiere presentar que el trópico es otro trata de otro Estado o de una republiqueta”, señaló.
Pareja sostuvo que las declaraciones de Morales debieron ser respondidas desde el Ministerio Público porque se trata de delitos, y el rol del Gobierno actuar, prevenir y sancionar.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, avisó que “no reconocerán” ninguna otra fuerza.
