El proyecto de Ley denominado “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” ha generado el rechazo de la Asociación de Periodistas de La Paz, que observó un “artículo mordaza”, pero también de opositores que temen un uso instrumental de la norma para la persecución política.
El proyecto, enviado desde el Órgano Ejecutivo, pretende modificar delitos como genocidio, trata, discriminación, racismo, incitación al racismo, sometimiento a la esclavitud, tortura, violación y abuso sexual; pero además busca crear tipos penales como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión armada, ejecuciones extrajudiciales, actos de odio y tratos crueles.
La Asociación de Periodistas de La Paz observó, en particular, el contenido del tipo penal de difusión o incitación al racismo o a la discriminación, que el proyecto de ley propone modificar como articulo 281 Septies del Código Penal.
Según el parágrafo tercero de dicho artículo, “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
En criterio del presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, con este artículo se eliminaría lo estableado en la Ley de Imprenta, mediante la cual los periodistas y trabajadores de medios de comunicación deben ser juzgados mediante Tribunales de Imprenta y no tribunales ordinarios por hechos producidos en el accionar de su profesión.
El presidente de la APLP agregó que, con el estado actual de la Justicia, que la considera subordinada al gobierno, este proyecto de ley busca acallar a los periodistas y tratar de eliminar la libertad de prensa.
“No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales son en los hechos trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo”, expresó.
Los opositores también alertan
Desde las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos expresaron que el MAS usaría esta norma para ejercer persecución política.
El diputado de CC, Juan José Torrez, observó que las penas por delitos de discriminación se agravan en el caso de funcionarios y facilitaría su suspensión, por lo cual considera que esta norma es para la persecución política.
Alertó que el tipo penal propuesto se podría usar de mala manera para la persecución y explicó, por ejemplo, que expresiones realizadas al calor de los debates en la Asamblea pueden ser interpretadas para tipificar el delito de discriminación.
La senadora de Creemos, Centa Rek, señaló que con este proyecto de ley se pretende amordazar a la prensa, y la sociedad en su conjunto.
“Aquí tenemos una ley totalmente persecutoria, candado, la podemos llamar mordaza; por lo tanto, alertamos a los medios de comunicación a la ciudadanía en su conjunto de la gravedad que reviste este proyecto de ley que pretende silenciar a la sociedad boliviana”, concluyó Rek.
Rek reiteró que continuará revisando y denunciando cada uno de los artículos de este proyecto de norma que “busca todo lo contrario a lo que señala su nombre, ya que su objetivo es convertirse en un instrumento violatorio y persecutorio de todo grupo social organizado y para la sociedad boliviana en su conjunto”.
