Se registraron al menos 15 paradas desde que el complejo petroquímico comenzó a operar (2017), cuando proyectos similares paran una vez cada dos o tres años
Luego de cinco años en los que el proyecto más caro en la historia del país no puede funcionar ni siquiera a media máquina, analistas proponen cuatro vías para que la Planta de Amoniaco y Urea deje de representar un gasto más que una ganancia para el Estado.
“Desde el inicio, esta planta ha tenido problemas muy serios”, subrayó Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos.
Un análisis de la consultora Gas Energy Latin America (GELA) indica que, desde que comenzó a funcionar en septiembre de 2017 hasta este año, la planta operó en promedio al 26% de su capacidad, lo que significa que de las 2.100 toneladas métricas por día que puede producir, solo rindió 536.
“Este es un promedio tremendamente preocupante, muy bajo, porque no llega a cubrir los costos operativos de la planta” y, por lo tanto, tampoco alcanza para que por sí misma pueda devolver el crédito del Banco Central con el que se ejecutó el proyecto o para que comience a recuperar el capital invertido, apuntó Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos y socio director de GELA.
Esto, sostuvo De la Fuente, representa “una pérdida enorme”, ya que la urea producida (con gas subvencionado) durante las paradas pierde su calidad, por lo que tiene que ser desechada.
Este medio solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) información sobre las utilidades y costos de operación del complejo petroquímico, pero la estatal no respondió hasta el cierre de esta edición.
“Hay que generar algún otro tipo de solución, porque la planta le cuesta a YPFB y le cuesta al Estado boliviano (…). Lo que no puede pasar es que en los próximos cinco años esté operando al 26% de capacidad promedio”, dijo Ríos.
Entre estas opciones están: cambiar los equipos en mal estado, según De la Fuente, o “concesionarla a un privado u operarla en conjunto con algún privado”, de acuerdo con Ríos. Una opción extrema sería “pararla”, para no “seguir gastando y poniendo del bolsillo propio”, dijo un analista que pidió la reserva de su nombre.
Desde septiembre de 2017, la factoría de Bulo Bulo ha tenido al menos 15 paradas, cuando plantas con tecnología similar tienen paradas programadas de 30 días “cada dos o tres años”, indicó Ríos. “Son plantas de operación continua, tan grandes que al pararlas y ponerlas en marcha (con frecuencia) se dañan los equipos”, agregó.
La poca información disponible devela que hay diversas razones para la suspensión de operaciones de la planta: la calidad del agua que se utiliza para los turbogeneradores y turbocompresores; la baja capacidad para llevar la urea al mercado de quienes tienen el monopolio de esta actividad, los transportistas de Bulo Bulo; y la instalación de equipos defectuosos, según los expertos.
“La única verdad la tiene YPFB, pero los paros programados cada tres o seis meses no deberían suceder”, afirmó Ríos, que recordó que este año “ya se han tenido dos paradas, una de 17 días y la otra desde el 27 de septiembre”.
Ese día, YPFB informó que, “tras alcanzar el 100% de su producción”, se realiza “una intervención en el equipo de comprensión de aire en base a la inspección recomendada por el fabricante”. “Como última etapa del programa de mantenimiento para garantizar la eficiencia del proceso productivo, la empresa concentra sus esfuerzos para restablecer las operaciones del complejo petroquímico y superar las consecuencias de la inadecuada paralización registrada entre 2019 y 2020”.
