La Policía Boliviana reportó un caso de proxenetismo al interior del penal de Morros Blancos, al sur de nuestro país, la investigación inicial da cuenta de que la principal involucrada sería la propia madre de una menor de edad, presuntamente en complicidad con los guardias a cargo de la seguridad y una o más personas de la población carcelaria.
En pasados días Unitel -Tarija, sacó al aire la primera nota sobre el tema. Aunque Régimen Penitenciario descartó que hubiera dicho delito, el comandante departamental de la Policía de Tarija confirmó que se abrió una investigación respecto a este caso.
Al momento el hecho es investigado paralelamente por la vía ordinaria para investigar el delito de violencia sexual y cuántas personas están involucradas.
Por otra parte, se derivó el caso a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) para identificar a los uniformados que hayan cumplido funciones los días en los que haya ingresado la víctima junto con su madre.
“Es inconcebible que una madre esté induciendo a su descendiente a que pase por este tipo de situaciones. No creo que sea justificativo el no tener los recursos como para dedicarse a esto. Las personas pueden lograr una fuente laborar para sustentar a la familia, pero no utilizar a los menores”, cuestionó el comandante Departamental de la Policía en Tarija, coronel Gregorio Illanes.
El jefe policial se abstuvo de dar mayores detalles sobre el modus operandi. Sin embargo, debido a que los guardias son quienes realizan el control al ingreso de visitas, manejan los registros del ingreso de visitas y supervisan a los privados de libertad, no se descarta su complicidad. De comprobarse, dijo que se castigará a todos los involucrados.
“Ya se ha instruido a la Didipi para que investigue y sean sancionados aquellos malos policías porque no vamos a tolerar actos de corrupción. Nuestro servicio es de vocación, tengan por seguro que vamos a ser implacables”, exclamó.
Illanes también exhortó a las autoridades de todos los niveles estatales para prestarle atención a este tipo de hechos para aplicar políticas de prevención.
Presuntamente, la información preliminar que se tiene se cobraba 50 bolivianos y en caso de no contar con recursos económicos dejaban algún celular u objeto de valor a cambio del servicio sexual, la menor era obligada por su progenitora.
