Las mamás beneficiarias alistan una protesta para el jueves, en reclamo a los elevados precios en algunos productos del subsidio.
El sobreprecio en pañales y el trato discriminatorio en los supermercados habilitados para recoger el subsidio prenatal y lactancia es el reclamo más constante que tienen las beneficiarias del paquete alimentario que denuncian sobreprecios, escasez de productos y malos tratos de parte de funcionarios del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
El paquete alimentario que reciben las beneficiarias del subsidio tiene un equivalente de Bs 2.000, de ese monto 1.334 se destinan a los productos que se entregan de manera directa en las sucursales del Sedem, Bs 528 está destinado al paquete biométrico, es decir es el monto destinado a las carnes de pollo, res, llama y pescados, Bs 42 para huevo y Bs 96 para los pañales.
El reclamo más constante y urgente que hacen las beneficiarias es sobre el costo “excesivo” de los pañales, en La Paz la marca del producto es Mi Bebé a un costo de Bs 96 de industria nacional, mientras que en el mercado el paquete de 40 unidad está entre 53 y 55 bolivianos.
Las mamás señalan que el producto no es adecuado para los bebés, en algunos casos aseguran que irrita la piel de sus niños. En las últimas horas, varias mujeres denunciaron que presuntamente el paquete de pañales que entrega el subsidio en talla XG es de 40 unidades y no de 50 como figura un adhesivo pegado en la bolsa de los pañales.
A través de un video, una beneficiaria muestra cómo el número 50 está sobrepuesto en el paquete.
“Supuestamente vienen 50 pañales, pero solo venía 40. Es una barbaridad para el precio. Yo con 96 bolivianos compro tres paquetes de pañal Babysec, es decir 90 pañales de la misma calidad”, agrega una beneficiaria.
Si bien algunas beneficiarias destacan la calidad de los pañales, coinciden que el sobreprecio es “alarmante” y vergonzoso.
“A mi hijo le sentó bien la marca Mi Bebé, pero el sobreprecio es una vergüenza. En la Garcilazo compró a 52 bolivianos de 50 pañales. En el Sedem es excesivo el precio”, afirma otra mamá.
“En el supermercado te tratan como si te regalaran”, lamenta Carolina, beneficiaria de la ciudad de El Alto. Agrega que desde mayo no hay supermercados habilitados en la urbe alteña y para recoger sus productos tiene que dirigirse hasta otros puntos autorizados en la sede de gobierno ubicados en la zona de Sopocachi o en la avenida Arce, donde aparentemente reciben maltrato de parte de los empleados que les restringen los productos para su consumo por ser del subsidio.
“No puedes sacar cualquier fruta ni verdura, ellos ya tienen seleccionados en los estantes. Hay letreros que dicen ‘Subsidio’ o una lista, incluso te preguntan ¿es del subsidio? Y te dice qué cosas puedes y no tomar para consumir. Es una pena, nos tratan muy mal, nos discriminan cómo si nos regalaran de sus bolsillos y lo peor es que no hay dónde quejarse”, agrega.
Recién el 27 de junio el Sedem anunció la habilitación de la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) en la zona Santa Rosa en la urbe alteña. En ese establecimiento, las mamás pueden recoger tubérculos, verduras, frutas y carnes.
Janet, otra beneficiaria, relata su experiencia en la EEPAF, cuenta que los precios de los productos “son los peores” y de mala calidad.
“En la EEPAF los precios son peores que los supermercados (…) tienen las frutas en mal estado, las verduras podridas, no ponen los precios. Escogemos los productos frescos, llegamos a cajas y lo que hacen ahí es pesarnos y poner los precios que a ellos se les venga en gana”, reclama.
Agrega que en la ciudad de El Alto la marca del pañal es Cariñosito a diferencia de la urbe paceña, donde se distribuye el producto Mi Bebé. Janet considera que es una “discriminación”.
“No entiendo cuál es la discriminación hacia El Alto, si ante la ley todos somos iguales, debería ser el mismo paquete para todas”, señala a la ANF.
Nadia comenta que el sobreprecio en el paquete alimentario se hizo más evidente desde la gestión pasada.
“Cuando fui a recoger mis productos a principios de junio no me dieron los lácteos y queso, en vez de eso se me dieron harina de amaranto, galleta de almendras (…) No podía hacer nada porque estaba con mi bebé”, cuenta.
La mamá asegura que en la EEPAF los precios son elevados. “Un kilo de carne de pulpa me pesaron en 72 bolivianos, ni siquiera un corte especial y lo peor es que higiénicamente lo manipulan muy mal”, asegura.
En Santa Cruz, otra beneficiaria revela que uno de los yogures que recogió en su paquete alimentario estaba en mal estado y explotó. El producto tiene fecha de vencimiento recién para agosto.
Para el jueves 14 de julio, las beneficiarias del subsidio de diferentes departamentos alistan una protesta en rechazo a los sobreprecios.
La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Melisa Ábalos, niega que exista sobreprecio en los productos del paquete del subsidio prenatal y lactancia.
Explicó que, por ejemplo, la lata de leche en polvo de dos kilos, en el paquete del subsidio tiene un costo de 118 bolivianos; pero, en este mismo envase de un kilo con 800 gramos, en el mercado formal, cuesta a 129,90 bolivianos
Según datos del Sedem, 500 gramos de queso con chía, en el paquete del subsidio, tiene un precio de 35 bolivianos; mientras, en el mercado formal, asegura que el mismo producto cuesta entre 47 y 48 bolivianos.
Asimismo, un litro de yogurt frutado, en el paquete del subsidio tiene un costo de 13,40 bolivianos, y según Ábalos, el alimento en esa cantidad, oscila los 18,50 bolivianos. Sin embargo, el martes, la activista María Galindo realizó también una comparación de precios entre los productos del subsidio y el supermercado. En esa acción aseveró que el precio de yogur frutado de 2 litros tiene un costo entre 17 y 17, 50 bolivianos.
“Están robando a las mujeres desde el Estado”, agregó tras verificar diferentes productos en Emapa.
El pasado 30 de junio, la ANF realizó un reportaje sobre los sobreprecios en productos del subsidio: «Fraude total», sobreprecio y escasez de productos del subsidio genera malestar y reclamos, donde las beneficiarias protestan ante los precios elevados y piden al Gobierno regular esa situación.
