Con la denuncia del diputado Rolando Cuéllar de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene financiamiento del narcotráfico, las gestiones de gobierno de este partido (Evo Morales y Luis Arce) se suman a sus predecesoras que desde 1982 hasta 2022 han estado, de alguna manera, vinculadas a hechos concretos o fuertes acusaciones por tráfico de drogas.
El llamado “escándalo Otazo-Suárez” fue la huella que el narcotráfico dejó en la gestión de Siles Suazo, que abría el ciclo democrático en el país.
El hecho no tuvo mayores consecuencias y no hubo una investigación en profundidad por la grave crisis social que atravesaba el país en 1984.
Fue el propio Rafael Otazo, jefe antidrogas de Bolivia en ese momento, el que informó los detalles a la prensa. En apretado resumen, este funcionario tuvo una reunión reservada con el narcotraficante más buscado en ese momento, Roberto Suárez.
Suárez habría ofrecido al gobierno, a través de Otazo, 2.000 millones de dólares para paliar la crisis económica, “sin ninguna condición a cambio”. El hecho desató incluso un impasse con la embajada de EEUU.
El 5 de septiembre de 1986, ya en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, grupos armados del narcotráfico asesinaron al científico boliviano Noel Kempff Mercado. El crimen destapó el escándalo de Huanchaca, la megafábrica de cocaína en el oriente boliviano y la denuncia de que el Estado protegía a sus propietarios. Señalaron al entonces ministro del Interior, Fernando Barthelemy, como responsable de beneficiar a la factoría.
Se dijo también en esa ocasión que el verdadero colchón de la estabilidad económica lograda ese año era el narcotráfico.
Narcovínculos
Sin duda el escándalo mayor vino después, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora con los llamados “narcovínculos”. Altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron relacionados con los narcotraficantes Issac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez.
Se develaron documentos sobre apoyo financiero del narcotráfico (Chavarría) a las campañas electorales del MIR.
Por ese escándalo cayó preso por cuatro años el principal operador político de Paz Zamora, Oscar Eid Franco, por encubrimiento al narcotráfico, y otros cinco militantes miristas.
Faustino Rico Toro, jefe antidrogas de Paz Zamora, fue arrestado y extraditado a EEUU por delitos de narcotráfico.
En enero de 1996, EEUU retiró la visa a Paz Zamora y a su ministro, Carlos Saavedra Bruno. A consecuencia de estos vínculos con narcotraficantes, Paz Zamora lanzó un dramático mensaje en 1994 en el que renunciaba “para siempre” a la política. Sin embargo, volvió y fue candidato a la presidencia en 1997. Chavarría murió en la cárcel, sin sentencia.
Narcoavión
En 1997 estalló el caso “narcoavión”, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un carguero fue interceptado en Lima, proveniente de Bolivia (El Alto) con cuatro toneladas de cocaína. El dueño de la droga era Amado Pacheco, alias “Barbaschocas”, narco que operaba con la mafia mexicana.
Ni la fuerza antidroga boliviana ni la DEA norteamericana supieron explicar por qué no se identificó el contenido de ese avión. Cayeron jefes policiales y quedó bajo sospecha de proteger al narcotráfico el entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín.
CC exige al TSE indagar acusaciones contra el MAS
Nueve diputados de Comunidad Ciudadana presentaron una denuncia y pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) investigar el presunto financiamiento de las campañas electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS) con dineros del narcotráfico, tal como lo denunció un legislador del mismo partido.
“Hemos tomado conocimiento de la denuncia presentada por el diputado Rolando Cuellar, por supuesta financiación ilícita por parte de Gerardo García al partido político Movimiento al Socialismo (MAS). Tomando en cuenta que este comportamiento contradice lo amparado en los artículos 57 inc. f) y 77 de la Ley del 01 de septiembre 2018, Ley 1056. Solicitamos a su autoridad se investigue el financiamiento del partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) y se nos instruya a la brevedad posible sobre las investigaciones que se desarrollen”, indica el documento firmado por los legisladores de CC.
El diputado José Manuel Ormachea aseguró que la sanción que corresponde para el MAS es la cancelación de su personería jurídica y posterior investigación penal por el delito de narcotráfico. Además, sostuvo que el propio diputado Cuellar presentará otra denuncia en el TSE con todos los elementos probatorios de su denuncia.
“Tenemos entendido que el propio diputado Cuellar del MAS va a hacerse presente para presentar la carta que ha mostrado como elemento probatorio”, dijo.
Hay vínculos desde René Sanabria
La jefa de Bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, recordó que la penetración del narcotráfico en altas esferas del gobierno y de la policía no es novedosa, ya que, en febrero 2011, el excomandante antidrogas de Bolivia, René Sanabria, fue detenido y acusado de formar parte de una banda criminal que envió 144 kilos de cocaína a EEUU.
“La preocupación por la expansión del narcotráfico y las actividades ilícitas ligadas a este delito estaba ya presente en la gestión 2010-2015, en la cual fui senadora y se entregó en mano propia en Palacio de Gobierno un dossier confidencial con información importante con respecto a los vínculos”, dijo.
