“Hasta el último minuto se ha escuchado a las partes, con el tiempo necesario, de tal manera que se ha emitido la sentencia respectiva, en la cual se ha declarado a tres de los acusados autores y culpables de algunos delitos”.
Los líderes de la paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé fueron sentenciados este miércoles a seis años de cárcel por los hechos de violencia y destrozos de 2020 en el edificio de la Fiscalía General del Estado de Sucre.
“Hasta el último minuto se ha escuchado a las partes, con el tiempo necesario, de tal manera que se ha emitido la sentencia respectiva, en la cual se ha declarado a tres de los acusados autores y culpables de algunos delitos”, informó el juez Emilio Pinto.
Los también acusados Milena Soto y Mario S.S. y Ayda R. L.T. fueron absueltos. Soto fue absuelta porque demostró que no estaba en Sucre cuando ocurrieron los hechos de violencia, mientras que en los dos casos restantes no se tienen las suficientes pruebas.
Molina y los hermanos Bascopé fueron encontrados culpables de atentados; porte y portación de armas, municiones y explosivos; de perturbación de funciones públicas y daño calificado.
“A los tres se les ha dado una pena única a cumplir de seis años de privación de libertad en el penal de San Roque de esta ciudad”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.
Pinto aseguró que el juicio se desarrolló de manera transparente, por lo que se permitió el ingreso de los medios de comunicación y las partes fueron escuchadas en su acusación o defensa desde el inicio del juicio hasta esta jornada.
Ahora, las partes tienen 15 días de plazo, para presentar recursos de apelación de no estar de acuerdo con la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que atacó con violencia en la crisis de 2019 a gente de campo en la ciudad de Cochabamba.
El GIEI investigó los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019. Pidió desarticular a este grupo, como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz.
La RJC fue protagonista de violentos incidentes durante el régimen de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Recorrían calles en motocicletas y golpeaban a las mujeres de polleras.
En octubre de 2020, sus lideres se trasladaron hasta Sucre y protagonizaron destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado, en protestas que exigían la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.
