La presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, advirtió con el inicio de un proceso penal al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, si no responde a una segunda Petición de Informe Oral (PIO) por los 36 días del paro indefinido que lideró en su departamento por la fecha del Censo.
El Gobernador debía comparecer el jueves a la 30° Sesión Ordinaria del Senado para responder a un cuestionario. Sin embargo, se excusó de asistir mediante una nota escrita.
“Faltando minutos para iniciar la sesión, ha presentado una nota desconociendo totalmente la Constitución Política del Estado, las leyes del país y evade cobardemente su responsabilidad para no venir a la Cámara de Senadores y responder por todos los hechos ocurridos en Santa Cruz, haciendo mención de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tuviera la tuición de fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Departamentales ni Municipales, repudiamos este hecho (…)”, sostuvo Alarcón, en declaraciones a la prensa.
Consideró “lamentable que el Gobernador quiera menospreciar la petición de informe que se hizo a través de la senadora por el departamento de Oruro, Mery Choque” y que “incumpla una vez más sus deberes constitucionales y haga caso omiso a una convocatoria que se ha hecho legalmente”, cita un reporte del Senado.
Por su parte, la solicitante del PIO, senadora Mery Choque lamentó que el Gobernador haya evadido su responsabilidad ante el Pleno del Senado, mencionando sentencias constitucionales que “no competen a las respuestas que esperábamos escuchar”, y que “no es una situación política, es un tema de país, ya que se ha ocasionado (en los días de paro) un daño económico de más de 1.2 millón de dólares, no solo al departamento de Santa Cruz, sino a toda la región”.
Ante la consulta de qué procede en adelante, Alarcón explicó que reiterarán, ahora varios senadores de los nueves departamentos del país, la solicitud del PIO, para que Camacho acuda al pleno del Senado en el transcurso de siete días.
“En caso de inasistencia u omisión a esta convocatoria, con seguridad que vamos a activar la vía penal por incumplimiento de deberes”, anunció la presidenta en ejercicio del Senado.
El artículo 158 de la CPE establece la atribución de fiscalización que tienen los legisladores a nivel nacional; en tanto que el artículo 135 de la Ley de Autonomías enfatiza que “todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos están obligados a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa”.
Iniciado el 22 de octubre, el paro indefinido exigía al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.
La medida de extendió hasta el 26 de noviembre y fue suspendida luego de que la dirigencia del Comité Interinstitucional admitió que no era “sostenible” realizar la encuesta nacional en 2023 y aceptó la propuesta del Gobierno de organizar el proceso el 23 de marzo de 2024.
