El sector pide al Gobierno socializar la norma y que las leyes sean emitidas “bajo coordinación” con los movimientos sociales.
En estado de emergencia. Así se encuentran los productores de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico ante el Decreto Supremo 4910 de lucha contra el contrabando, aún no vigente, el cual restringe la venta de volúmenes mayores a 120 litros de gasolinas o diésel en bidones, tambores u otro tipo de envases, de forma mensual sin autorización.
“Hemos pasado ya a una producción más mecanizada (…) Un pequeño productor utiliza unos 80 litros: por ejemplo, un piscicultor. Pero un productor no solamente se dedica a la producción de piscicultura, sino a la producción de cítricos (…) Hay mayor preocupación si se va restringiendo el combustible”, informó Dieter Mendoza, miembro del cuerpo ejecutivo Federación Mamoré Bulo Bulo.
LA NORMA
El decreto, cuyo objetivo es frenar la venta de combustibles en el mercado negro y que busca frenar las actividades ilícitas como el narcotráfico, fue aprobado el 12 de abril, pero todavía no está vigente.
La norma prohíbe a las estaciones de servicio de combustibles líquidos y puestos de venta autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la venta de más de 120 litros de gasolinas o diésel en bidones, tambores u otro tipo de envases aptos, de manera mensual, a personas naturales y jurídicas que no cuenten con la autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas.
Este límite se reduce a 50 litros, en estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas.
MECANIZADOS
Los productores del Trópico aseguran que se “mecanizaron”. Hoy utilizan moto sierras, oxigenadores, fumigadoras, moto fumigadoras y motobombas para la producción de fruta y el funcionamiento de piscinas donde se crían peces, como el tradicional tambaqui.
María Eugenia Ledezma, presidenta de las Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico añadió: “El combustible es muy necesario, un día que no podamos oxigenar los peces ya mueren. Es nuestra gran preocupación”.
Ante ello, el sector solicita al Gobierno socializar la norma y que las leyes sean emitidas “bajo coordinación” con los movimientos sociales.
Mendoza enfatizó que, si los decretos perjudican a los productores, se deben modificar. Le recordó al Gobierno, que el contrabando está en las fronteras, franjas donde deben controlarse las actividades ilegales con el combustible, no en las zonas altamente productoras.
En declaraciones pasadas al canal estatal Bolivia TV, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, aclaró que el decreto 4910 “no restringe el suministro de carburantes al transporte público ni privado, ni a las actividades productivas”.
