Los plazos ajustados amenazan con convertir el proceso en una “misión casi imposible”, según expertos y políticos que han expresado su preocupación.
Las elecciones judiciales en el país enfrentan una carrera contrarreloj mientras los plazos ajustados amenazan con convertir el proceso en una “misión casi imposible”, según expertos y políticos que han expresado su preocupación. El proceso, que ha estado paralizado desde el 27 de abril, cuenta con tan solo 30 días para llevar a cabo una serie de fases cruciales para la elección de candidatos al poder judicial.
El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe notificar a la asamblea legislativa con una sentencia sobre la acción abstracta presentada por un diputado de CREEMOS, la cual busca declarar en parte inconstitucional el reglamento para la convocatoria de las elecciones judiciales. Este plazo no permite extensiones.
A partir del 1 de agosto, la Comisión Mixta de Constitución deberá elaborar un informe con las modificaciones al reglamento y remitirlo al plenario, el cual deberá sesionar el 2 de agosto para aprobar tanto el nuevo reglamento como la convocatoria. Sin embargo, el tiempo no debe exceder los 30 días para llevar a cabo las próximas fases del proceso.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tendrá tan solo tres semanas para llevar adelante un complejo proceso que consta de ocho fases críticas:
- Publicidad de la convocatoria.
- Recepción de postulantes.
- Verificación de requisitos.
- Publicación de postulantes aceptados.
- Fase de impugnaciones.
- Evaluación de méritos.
- Entrevista y evaluación oral.
- Presentación del informe de evaluación.
El reconocido constitucionalista, Ismael Quino, expresó su preocupación sobre el apretado cronograma: “Son unas elecciones judiciales imposibles para el país. Van a suprimir 120 días calendario en tres semanas”.
El 27 de agosto, la comisión mixta deberá remitir al plenario la lista de postulantes preseleccionados, quienes tendrán al menos una semana para alcanzar acuerdos y ser elegidos por dos tercios de la Asamblea para participar en las elecciones judiciales.
El 4 de septiembre es el plazo límite establecido para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reciba las listas de los 96 postulantes seleccionados. Si los plazos establecidos no se cumplen, el gobierno se enfrentará a la difícil decisión de emitir un decreto para elegir la cúpula judicial, o de lo contrario, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá prorrogar automáticamente sus funciones.
Con el reloj en marcha, el país se prepara para enfrentar desafíos sin precedentes en su proceso de elecciones judiciales. La atención se centra ahora en la capacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar a cabo este complejo proceso en el tiempo limitado disponible.
