El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro.
Organizaciones feministas de Bolivia marcharon ayer al grito de “aborto clandestino, Estado asesino” para reclamar la despenalización del aborto y prometieron “toda una vida de lucha” por las mujeres que murieron al someterse a una interrupción clandestina.
“Ni un minuto de silencio por las compañeras muertas, toda una vida de lucha”, “Iglesia y Estado, asuntos separados” fueron otras consignas coreadas por decenas de mujeres de distintas edades que se movilizaron mostrando los pañuelos verdes característicos de los grupos que reclaman la legalización del aborto.
La marcha pasó primero frente a las oficinas del Ministerio de Educación, donde las movilizadas reclamaron que los grupos conservadores “saquen sus biblias de nuestras escuelas”.
A su paso hacia el Ministerio de Salud, algunas jóvenes pintaron en el piso y en las paredes consignas a favor de la despenalización del aborto y mensajes como “niñas, no madres”, aludiendo a los casos de menores que resultaron embarazadas por una violación, algunas de ellas obligadas a dar a luz.
Con la marcha se buscó “interpelar un poco al Estado sobre la necesidad de despenalizar el aborto en Bolivia, dado que mueren muchas mujeres en abortos clandestinos en todo el país”, explicó Patricia Brañez, integrante de la Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en Bolivia.
El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, pero para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en salir.
En 2014 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estableció que ya no se precisa esa autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico, según corresponda, para abortar.
Las trabas continúan
Sin embargo, persisten los “obstáculos” sobre todo para que las adolescentes y niñas víctimas de violación puedan abortar debido a que algunos prestadores de salud “se están declarando objetores de conciencia”, indicó Bráñez.
“Esto ha hecho que en muchos casos las niñas en especial sean obligadas a continuar con embarazos producto de estos delitos y las están obligando a convertirse en madres niñas”, sostuvo.
La activista manifestó que esto viola los derechos de las mujeres y vulnera recomendaciones de organismos internacionales “que han señalado que se debería viabilizar porque el obligar a ser madre a una niña o adolescente es un hecho de tortura”.
Para Bráñez, el Estado “está en deuda” con las mujeres porque la normativa no se cumple y hay muchas trabas para aplicar la sentencia constitucional de 2014.
La información que se tiene es que desde la emisión de ese fallo solamente ha habido 700 interrupciones legales del embarazo “de una cantidad innumerable de casos de violencia sexual, teniendo en cuenta que doce niñas al día quedan embarazadas por violencia sexual”, lamentó.
A falta de datos oficiales, algunas ONG calculan que en Bolivia cada año se registran al menos 57.000 abortos.
Datos difundidos en agosto por la Defensoría del Pueblo indican que en 2021, el Ministerio de Salud registró 39.747 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, y hasta junio de este año se reportaron 16.752 en un país donde el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna.
