Agrupaciones cívicos populares de Santa Cruz y Potosí apuntan a realizar censos departamentales para contrarrestar la suspensión del Censo de Población y Vivienda para el 2024; desde el Movimiento al Socialismo (MAS) advirtieron que esa situación representaría ingresar en un campo ilegal y un “gasto de presupuesto insulso”.
El gobierno de Luis Arce oficializó este jueves la suspensión del censo, a través del Decreto Supremo 4546 que establece que el empadronamiento, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), será entre los meses de mayo y junio de 2024. El jefe de la bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, Henry Montero, sostuvo que las instituciones cívico populares de Santa Cruz trabajarán para hacer posible un censo departamental, para concretar este objetivo buscarán financiamiento y fijarán una fecha.
“Santa Cruz no se va a quedar parado, ya está desarrollando y tratando de ver la forma de realizar un censo departamental. Dentro de nuestras competencias autonómicas tenemos desarrollado el instituto autonómico cruceño que podría desarrollar un censo departamental y tener una radiografía en relación a economía y población”, indicó Montero.
El parlamentario manifestó que es totalmente legal llevar adelante empadronamientos departamentales en el marco de las autonomías. Explicó que los resultados serán beneficiosos porque se contará con un diagnóstico real de la población para exigir recursos al nivel central del Estado y contrastar datos con el censo nacional. “Tenemos serías susceptibilidades de que pueda haber un fraude censal”, añadió.
Sobre el financiamiento, Montero adelantó que un equipo técnico trabaja en ello, así como en la fecha tentativa, informó que la decisión final saldrá de la cumbre interinstitucional de emergencia que se desarrollará este viernes en Santa Cruz.
Desde el otro extremo del país, la diputada de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros sostuvo que en los próximos días se reunirán las organizaciones cívico-populares para hacer realidad la idea de una encuesta departamental.
“Nosotros queremos primeramente un pacto fiscal que es lo que hemos solicitado. Además, estamos teniendo muchas observaciones a la manera que se está llevando (acabo) el censo y por eso queremos demostrar la cantidad de recursos que se va al Gobierno central y la distribución que es totalmente discriminatoria hacía Potosí”, declaró Claros.
La parlamentaria potosina rechazó la suspensión del censo porque el 2024 será un año preelectoral y se llegará a las próximas elecciones generales con el mismo padrón electoral.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), advirtió que la única institución autorizada para realizar censos es el INE, en ese sentido, dijo que los planteamientos de empadronamientos departamentales estarían fuera de la norma.
