Emacruz señala que las empresas de aseo y de disposición final de residuos trabajan bajo el amparo de las licencias ambientales que tiene para dichas operaciones
En medio de las críticas a los contratos de aseo urbano y de disposición final de residuos sólidos, la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) denuncia que la Asociación Accidental Tiluchi incumplió las especificaciones del Documento Base de Contrataciones (DBC), que establece que uno de los requisitos para el inicio de operaciones es la licencia ambiental.
El concejal Marcelo Vidaurre considera que el contrato de disposición final de residuos no debió prosperar. “No hay una licencia ambiental ni un trámite en curso. Entonces, en este momento, una vez más se está infringiendo la norma”, indicó.
El DBC, que es el documento oficial que rige el proceso de contratación, indica que antes de la ejecución del servicio de disposición final, la empresa adjudicada debe presentar la licencia ambiental. Además, adjuntar los certificados de operador autorizado de residuos municipales y de residuos industriales, especiales y peligrosos (específicamente para residuos patológicos).
“Para el caso de la planta de tratamiento de lixiviado se actualizará la licencia ambiental incluyendo el nuevo sistema de tratamiento propuesto por el nuevo operador”, especifica el DBC.
También señala que debe sujetarse a la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos y su reglamento, a la Ley 1333 de Medio Ambiente y a otras normas vinculadas a la disposición final de residuos sólidos no peligrosos.
De la misma manera, en el DBC del contrato de aseo en el sector A (oeste), que fue adjudicado al consorcio Piraí, se establece que se debe contar con todas las licencias ambientales, registro y autorización de operador y otros exigidos por el marco legal ambiental y de gestión de residuos en el país. También establece que antes de la ejecución de servicio, la empresa debe presentar la licencia ambiental para el servicio licitado.
El sustento de Emacruz
Por su lado, la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), admitió que, de acuerdo al DBC, la licencia ambiental es un requisito para el inicio de operaciones, pero, debido a una pausa administrativa dictada por la Gobernación, las empresas no pudieron concluir ese trámite.
Sin embargo, asegura que están operando bajo la licencia ambiental de Emacruz para la disposición final de los residuos sólidos y de aseo urbano, por lo que garantiza las actividades de los operadores y el cumplimiento de las normas ambientales.
“Como Emacruz contamos con licencias ambientales para la disposición final de residuos sólidos donde opera la Asociación Accidental Tiluchi, con esto cumplimos todo el proceso administrativo de licenciamiento y medidas de mitigación ambientales establecidos en las normas. Garantizamos el cumplimiento de las medidas de mitigación a través del operador del servicio”, manifestó el responsable de Gestión Ambiental de Emacruz, Rodrigo Soto.
Complementó que Emacruz también cuenta con la licencia ambiental para el servicio de aseo urbano, lo que garantiza las medidas de mitigación para prevenir impactos ambientales y que se encarga de fiscalizar para que las empresas cumplan con las medidas de mitigación.
Hizo notar que los operadores iniciaron en diciembre de 2022 los trámites para la licencia ambiental ante la Gobernación.
Sin embargo, una pausa administrativa del gobierno departamental desde el 27 de diciembre hasta el 18 de enero, paralizó los procesos de revisión de documentación ambiental y otorgación de licencias ambientales, afectando las gestiones iniciadas por los operadores.
“Posterior al 18 de enero recién la Gobernación inició los procesos de revisión de estos trámites”, indicó.agregando que los operadores gestionan sus licencias como asociaciones accidentales y no pueden iniciar dichos trámites sin la firma del contrato.
También indicó que se atendió una solicitud de informe de los concejales comunicando esas gestiones.
Al respecto, el presidente del Concejo, Israel Alcócer, dijo tener conocimiento que la empresa Tiluchi inició en diciembre del año pasado el procedimiento para contar con la licencia ambiental y actualmente está en proceso en la Gobernación. No obstante, adelantó que pedirá un informe escrito a Emacruz sobre este tema.
Piden revisión de contrato
El concejal Vidaurre considera que ante esta irregularidad corresponde una revisión y anulación del contrato de disposición final de residuos para evitar daños económicos al Estado, por lo que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que abra una investigación.
“Debe haber una revisión del contrato y anulación, porque no se está cumpliendo de entrada. La revisión del contrato debe ser ahora y no cuando haya concluido, como pasó con Vega-Solví, porque hay que evitar que la plata se gaste, por eso estamos recurriendo al Ministerio Público para que haga la investigación”, dijo.
Señaló que hace tiempo solicitaron un informe por escrito a Emacruz sobre el cumplimiento de los requisitos de contratación del consorcio encargado de la disposición final de residuos, pero ante la falta de respuesta tuvieron que recurrir a la Gobernación que certificó que ninguna de las firmas tiene licencia ambiental.
Insistió en que es un requisito indispensable para prestar un servicio de aseo urbano y evitar que se infrinja la ley ambiental porque se debe preservar el medioambiente, suelo, subsuelo y el espacio aéreo.
Agregó que también hubo observaciones porque la empresa no tenía la experiencia requerida y se asoció con una firma brasileña que fue quien “le prestó esa experiencia”.
Además, cuestiona el nuevo contrato de aseo. Considera que el servicio debió haber sido integral y no separado, toda vez que con Vega-Solví, el recojo, disposición final y mantenimiento de áreas verdes estaban incluidos en un solo contrato.
Sobre el servicio de recolección, dijo que hay quejas constantes por fallas en la frecuencia en algunas zonas y se siguen esperando las innovaciones que se anunciaron para mejorar el recojo y almacenamiento de la basura en mercados.
Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Pacheco, pide que se revisen los contratos de aseo porque desde un inicio se han visto falencias en el servicio.
“Nosotros hemos pedido que se rescinda el contrato porque hemos visto las calles llenas de basura y de microbasurales. Esas empresas no tienen maquinaria y todo es improvisado. Se paga millones y millones, esto no es gratis”, señaló el concejal.
El servicio
Los servicios de aseo que eran 14 con el operador Vega-Solví, ahora son 11, toda vez que la poda y corte de césped fueron licitados en otro contrato.
Entre los ítems contemplados están el barrido de vías pavimentadas, el desempapelado de calles sin pavimento, la limpieza de áreas verdes, la limpieza de ferias y eventos, la recolección de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, además de la limpieza de microbasurales. Esta última es una de las innovaciones del nuevo contrato, pero todavía no se han podido eliminar los botaderos que hay en distintos puntos de la ciudad.
El DBC también establece un periodo de 180 días, a partir del inicio de operaciones, para que el proveedor de servicio realice ajustes operativos y logísticos.
Durante este lapso no se aplicarán penalidades, salvo situaciones donde se ponga en riesgo a la salud pública de la población a causa de un inadecuado manejo de residuos sólidos.
Con estas especificaciones es que realizan el servicio con maquinaria nueva y subcontratada, pero hasta junio el operador del sector oeste debe tener toda la maquinaria nueva.
Mantenimiento de áreas verdes
El servicio de mantenimiento de áreas verdes, que contempla el corte de pasto, la poda de árboles y trituración de residuos vegetales, entrará en vigencia este viernes 31 de marzo. Le costará a la ciudad Bs 198.836.219 en cinco años, hasta abril de 2028.
De acuerdo con el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) se lanzaron dos licitaciones, donde la Asociación Accidental Guapay se adjudicó los trabajos para el sector B (este) por Bs 99.839.925, mientras que la Asociación Accidental Florida lo hizo para el sector A (oeste) por Bs 89.996.294.
En este momento, este servicio está siendo ejecutado por empresas contratadas por excepción debido a la emergencia por el dengue, pero persisten los reclamos de los vecinos, porque el servicio no llega a todos los sectores de la ciudad.
