Un tribunal denegó este jueves el recurso legal que presentó la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) para que varios procesos en su contra que llegaron al Parlamento, hace más de dos años, se traten en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.
Mediante una acción de cumplimiento se buscó que la Vicepresidencia, como cabeza del Legislativo, y la parlamentaria comisión de Justicia Plural accionen «en el tiempo oportuno» esos casos, dijo a EFE Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez.
«Los vocales de la Sala Constitucional denegaron la acción de cumplimiento no procediendo a tratar la responsabilidad que tenían estas dos entidades», apuntó el jurista.
A mediados de 2021, la Fiscalía General de Bolivia presentó al Parlamento al menos cuatro proposiciones acusatorias para que considere un proceso especial en esa instancia.
Entre esos procesos están las muertes de civiles durante la gestión de Áñez en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, un barrio de El Alto, ciudad vecina de La Paz, junto a otras acciones que la exmandataria interina tomó en su Presidencia transitoria.
Guillén mencionó que correspondía que el Legislativo «se pronuncie» sobre esos procesos, pero que por «artimañas» de la comisión parlamentaria se «desvió» ese canal.
En febrero pasado, la comisión de Justicia Plural devolvió tres de las cuatro proposiciones acusatorias bajo el argumento de que la Fiscalía General no ha «acreditado la condición de presidenta» de Áñez, por lo que corresponde que se pronuncie sobre esa observación.
«El órgano Judicial no puede seguir socapando las estrategias políticas que tenga una agrupación política (el oficialista Movimiento al Socialismo) o el órgano Ejecutivo», cuestionó Guillén.
Aparte de los procesos enviados al Parlamento, Áñez afronta unos ocho juicios en la vía ordinaria, que incluyen también los casos Senkata y Sacaba, por los que la defensa presentó varias apelaciones.
La exmandataria interina está detenida desde marzo de 2021, inicialmente por el caso «golpe de Estado I» bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
Luego se la procesó en el llamado caso «golpe de Estado II», por el que se la sentenció a 10 años de prisión por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, al situarse indebidamente en línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y otras altas autoridades.
Para el oficialismo la crisis de ese año fue producto de un «golpe de Estado», mientras que para la oposición consistió en una protesta de la población por un fraude en beneficio de Morales en las frustradas elecciones generales.
