Los bloqueos en las princiaples carreteras que conectan a Santa Cruz con el occidente del país cumplen cinco días. Los pobladores demandan la construcción del tramo carretero La Guardia-Las Cruces-Buena Vista. Sin embargo, se alertó sobre un aparente sobreprecio en el proyecto y que también la construcción podría afectar a reservas de agua de las que se alimenta la capital cruceña.
La Cámara Nacional de Exportadores (CANEB) reportó pérdidas y perjuicios por un valor de $us 47 millones. El gerente general de CANEB, Marcelo Olguín, pidió a las partes en conflicto reforzar las instancias de diálogo para encontrar una pronta solución.
Desde el lunes, los pobladores de los municipios Buena Vista y La Guardia mantienen bloqueadas las carreteras nueva y antigua que conectan a Santa Cruz con Cochabamba.
La jornada pasada, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Jorge Franco, aseguró que el proyecto carretero tiene un sobreprecio que hicieron notar a las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero no recibieron respuesta.
«El proyecto de más de $us 200 millones tiene un sobreprecio de $us 60 millones, invitamos a la ABC a mesas técnicas, pero no asisten», dijo Franco en Red Uno.
Sumado a eso, la diputada María René Álvarez presentó una nota dirigida al representante de la CAF en Bolivia, principal financiadora del proyecto, para que atienda el peligro que puede ocasionar a importantes acuíferos si se construye el tramo carretero La Guardia-Las Cruces-Buena Vista como está previsto.
«Es de manera urgente, que bajo el compromiso que tiene la CAF con los principios que les caracteriza, para seguir contribuyendo con el desarrollo sostenible, disminuir los rezagos sociales, frenar el deterioro ambiental, apoyar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, reitero mi solicitud para la búsqueda de soluciones inmediatas a esta problemática socioambiental», dice en una parte de la carta.
Además, los que rechazan el proyecto indican que los manifestantes son guiados por intereses de particulares que quieren incrementar el valor de sus inmuebles con la vía.
