Ante la protesta de la prensa boliviana, el diputado del gobernante MAS, Juan José Huanca retiró el proyecto de Ley 304 de regulación y sanción del uso indebido de las redes sociales.
El miércoles, ante plantones realizados por las asociaciones de periodistas y comunicadores independientes, el diputado del MAS, Juan José Huanca retiró el proyecto de Ley 304 de regulación y sanción del uso indebido de las redes sociales.
Dicha norma que estaba siendo tratada en la Asamblea Plurinacional (ALP) criminalizaba, según los periodistas, el manejo de las distintas redes sociales. Pero ¿qué decía dicha norma?
Según el artículo 1 (objeto) de la norma, este regulaba y sancionaba el “uso indebido de las redes sociales, que atentaran contra la integridad, moral, psicológica, ofensas, difamaciones, calumnias que menoscaben la dignidad, honorabilidad de toda persona natural y jurídica, ya sea a través de cuentas creadas, falsas o hackeadas en todo el territorio nacional”.
Asimismo, la finalidad del proyecto de la ley era el tratar de evitar el uso inadecuado de las RRSS y de brindar la protección a usuarios frente a las conductas “lesivas o potencialmente peligrosas con la difusión de imágenes, vídeos, información falsa” que atentara contra la dignidad de personas naturales y jurídicas.
La norma también incorporó el artículo 281 (decies) del Código Penal, que señala que el que por medio de las redes sociales atentare contra la imagen, dignidad de una o varias personas naturales y jurídicas será sancionado con privación de libertad de cinco a siete años.
Dentro del proyecto normativo, el artículo 6 (uso y prohibiciones en las redes sociales), menciona que en su inciso A, que no se podrá publicar informaciones, comentarios amenazas, imágenes, vídeos que afecten la honra de una persona o un grupo de personas.
En el inciso C, la norma sancionaría la difusión de noticias falsas para atacar a un oponente político o comercial, empresarial o institucional. En su inciso F, indica que no se podrá descargar contenidos sin el consentimiento del titular de la cuenta.
Además, el proyecto de Ley 304 propone la creación del “patrullaje cibernético” que estaría en coordinación del Ministerio de Presidencia, de Gobierno, de Justicia, la Defensoría del Pueblo y las Universidades de los nueve departamentos del país.
