Castillo intentó disolver el Legislativo e instaurar un régimen de excepción para gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas.
Miles de personas tomaron las calles en varias ciudades de Perú este jueves para exigir nuevas elecciones y la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido bajo acusación de rebelión y conspiración por la fiscalía peruana tras un fallido autogolpe.
Las protestas parecían ir de menos a más 24 horas después de que el Congreso, dominado por la derecha, destituyera al izquierdista Castillo el miércoles y asumiera el mando del país la vicepresidenta Dina Boluarte.
Castillo intentó disolver el Legislativo e instaurar un régimen de excepción para gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas.
Los manifestantes exigen además la renuncia de la flamante presidenta -la primera mujer en dirigir a Perú, un país de fuerte cultura machista-, a quien algunos izquierdistas tildan de «traidora» por haber asumido el cargo.
En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y donde se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP.
«¡Pedro Castillo, Perú está contigo!» y «¡Si no hay liberación, habrá revolución!» coreaban durante el recorrido de unas diez cuadras por el casco histórico de la capital, que era custodiado por las autoridades.
La movilización fue controlada por las fuerzas de seguridad ya entrada la noche, luego de que los manifestantes incendiaran algunas barreras de control de tráfico vehicular.
La marcha ha sido la más numerosa a favor de Castillo en Lima en las últimas 24 horas.
«Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo, desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar», dijo a la AFP Mery Colque.
«Vivimos en un golpe de estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones», cuestionó Ana Zevallos.
Las protestas también se reportaron en varios departamentos y ciudades del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.
Las manifestaciones comenzaron la noche del miércoles, cuando cientos de simpatizantes y de opositores de Castillo se concentraron frente a la prefectura de Lima, donde estuvo detenido antes de ser trasladado a la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima.
«Cierre el Congreso, nido de ratas», se leía en una pancarta a favor del mandatario caído.
A unos metros, otro grupo quemaba camisetas con el rostro de Castillo.
Detención por siete días
Este jueves un alto tribunal peruano dictó siete días de prisión preliminar para Castillo.
«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)», tuiteó el Poder Judicial.
Durante la jornada el expresidente, un maestro rural de 53 años sin contacto con las élites peruanas, recibió la visita de algunos parlamentarios del bloque izquierdista.
En la audiencia lucía abrumado y con el rostro desencajado. Vestía la misma casaca azul que llevaba cuando fue detenido.
Visiblemente nervioso, Castillo declinó hacer uso de su derecho a defensa para replicar las imputaciones, cediendo la palabra a sus abogados.
«Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión» porque este no se concretó, alegaron los defensores de Castillo.
De ser hallado culpable, Castillo podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión.
Presidenta sin gobierno
Mientras tanto en su primer día de presidencia, Dina Boluarte recibió a líderes de las bancadas derechistas en el Congreso en busca de un consenso para formar un nuevo gobierno.
Perú lleva dos días sin gabinete ministerial dado que todos los ministros de Castillo habían renunciado en cascada en rechazo a lo que consideraron un autogolpe.
Boluarte, abogada de 60 años, dijo que pensaba gobernar hasta cumplir su mandato en julio de 2026, aunque no ha descartado del todo llamar a elecciones generales en medio de la incertidumbre sobre el porvenir del país.
Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará ese objetivo o si deberá resignarse a dar un paso al costado y convocar elecciones generales anticipadas.
«Hay algunas voces que indican adelanto de elecciones, creo que la asunción a la presidencia es para reorientar lo que sucede en el país. Más adelante, en coordinaciones con otras organizaciones, estaremos viendo alternativas de (cómo) mejor reorientar los destinos del país», dijo este jueves a la prensa al ser consultada sobre si evalúa convocar elecciones a corto plazo.
Preocupación internacional
Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el jueves su «preocupación» por la situación política en Perú y condenó «todo intento por subvertir el orden democrático», según un comunicado.
Estados Unidos elogió a las instituciones de Perú por garantizar la «estabilidad democrática» y se comprometió a trabajar con la nueva presidenta.
Durante la seguidilla de eventos que culminaron en la destitución del izquierdista, países de toda la región y España llamaron a respetar el estado de derecho y la democracia en Perú.
No obstante, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Venezuela, Nicolás Maduro; y Colombia, Gustavo Petro, responsabilizaron a las élites de Perú de «arrinconar», en palabras de este último, a Castillo desde su llegada al poder.
La Unión Europea (UE) manifestó su apoyo a la «solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones» peruanas, y llamó a «todos los sectores a un diálogo que asegure la estabilidad».
