Las protestas de sectores radicales continuaron ayer miércoles en el sur andino de Perú con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos pidió “moderación” a todas las partes.
Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar “la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales”, que dejan al menos 47 muertes desde hace un mes y se extienden a otras zonas como la capital turística, Cusco.
En medio de la tensión social, la fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.
El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 18 víctimas civiles del lunes.
Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados. Cada uno lucía una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.
“Dina me asesinó con balas”, se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
