Los opositores pidieron aplicar la Ley 1096 para investigar de dónde provienen los dineros usados para las campañas del oficialismo. El expresidente llamó a su militancia a estar alerta. Según un politólogo, Cuéllar no tiene respaldo político
Los opositores invocaron la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una investigación de oficio en contra del MAS, a partir de la denuncia presentada por el diputado oficialista Rolando Cuéllar sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico para las campañas políticas del partido gobernante desde 2014. Asimismo, exigieron la cancelación de la personería jurídica del MAS por una presunta vulneración a las restricciones de la subvención.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la alianza opositora Creemos enviaron una carta dirigida al presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, citando la denuncia del diputado Cuéllar.
“Dineros provenientes del narcotráfico habrían sido utilizados en los actos electorales donde participó el MAS desde el año 2014 hasta 2019-2020. Esta ventaja fraudulenta, esta conducta antimoral, antilegal debe ser investigada por el Tribunal Supremo Electoral y establecer los efectos que han tenido esos dineros sucios en los resultados electorales”, dice la misiva.
La organización de Luis Fernando Camacho se sumó a esta demanda y pidió que a través de la emisión de un informe final, se proceda con la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, en cumplimiento del artículo 58 de Ley 1096.
El inciso k de la referida ley señala que corresponde la cancelación de la sigla por “comprobada vulneración a las restricciones planteadas en la presente Ley referidas al financiamiento, al fortalecimiento público y mecanismos de rendición de cuentas”.
Las acusaciones del legislador, respaldadas en una carta de 2017 que expuso el miércoles, salpican al expresidente y líder del MAS, Evo Morales.
Con anterioridad hubo denuncias contra otros militantes del partido por violación, acoso político, agresiones, conducción en estado de ebriedad y otros. Pero es la primera vez que hay acusaciones por nexos con el narcotráfico.
Mientras el vicepresidente del MAS, Gerardo García, alista una denuncia por violación y difamación contra el diputado denunciante que fue expulsado de ese partido por “no respetar” a Morales. El dirigente dijo que la carta es falsa y Cuéllar lo rebatió diciendo que es legal y legítima.
La denuncia llegó mediante una carta a los jefes de Estado, a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Justicia, Iván Lima. Aún no hubo una respuesta oficial.
Sobre el caso, Del Castillo respondió de forma sutil y negó cualquier protección al narcotráfico. Enfatizó que la lucha contra las drogas ha sido la “más transparente” en los últimos 12 años.
“Nuestra Policía y el Gobierno no juegan un rol de proteger a los narcotraficantes, sino todo lo contrario. Día a día vamos desenmascarando a aquellos que delinquen”, dijo en un acto público.
En medio de la tensión, la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles, Trópico de Cochabamba 2022, reunió a Luis Arce Catacora y a su predecesor, Evo Morales. Ambos utilizaron los micrófonos y ninguno quiso referirse a la política abiertamente, lo hicieron para mandar mensajes de contenido político.
“Con (el) golpe de Estado y la pandemia poco bajó la economía, no estamos como antes y por eso el esfuerzo de todos y todas para impulsar actividades deportivas. Hermano Andrónico (Rodríguez), presidente del Senado, hermana ejecutiva Janet, gracias por la movilización”, dijo el expresidente en su discurso.
El MAS y el Gobierno atraviesan una ríspida relación que tiene como origen el pedido partidario para alejar a Del Castillo y al comandante de la Policía, Jhonny Aguilera; mientras el Gobierno de Arce hace oídos sordos a estos reclamos.
El jefe de Estado fue el encargado de inaugurar los juegos y habló del trabajo en equipo y “que todos debemos llegar a buen puerto”.
TSE tiene otra denuncia
El partido oficialista enfrentó desde 2019 al menos dos denuncias vinculadas con faltas electorales que pudieron haber revertido la vigencia de su personería jurídica. Una de ellas fue rechazada por efecto de un dictamen del Tribunal Constitucional, la otra aún está en suspenso por una limitación legal que impide a las autoridades electorales tratarla antes del 31 de diciembre de 2021.
En enero, Hassenteufel, presidente del TSE, explicó que la denuncia está vinculada con el uso de bienes del Estado durante la campaña electoral de 2019, pero existe una cláusula en la Ley 1315, con la que la expresidenta Jeanine Áñez lanzó la convocatoria definitiva para las elecciones de octubre de 2020, que fijó esa fecha para el tratamiento de las denuncias.
Precisó que esta demanda contra el MAS fue admitida, pero quedó sin resolución “no por negligencia de la Sala Plena, ni por un interés particular de ayudar a una organización política, sino que en ese tiempo se promulgó la Ley 1315”.
La denuncia debía ser atendida en enero de este año; sin embargo, aún no hay una respuesta.
Futuras acciones
El politólogo Marcelo Arequipa ve que la denuncia de narcovínculos del MAS tiene una consecuencia política y judicial para este partido y para el diputado denunciante.
El analista aseguró que Cuéllar carece de respaldo de alguna organización social, aunque defiende las ideas del vicepresidente David Choquehuanca.
“La denuncia tendrá una consecuencia significativa y eso nos ha demostrado el expresidente Morales, que él no está dispuesto a que lo acusen por narcotráfico”, enfatizó Arequipa.
Al respecto, el exmandatario hizo un llamado a su militancia y a la población para “mantenerse alertas ante los ataques de la derecha golpista que busca lograr impunidad por las masacres”. Adujo que el documento es falso y fracasarán en la anulación de la sigla.
Por su parte, el periodista Raúl Peñaranda recordó el caso del MIR y la acusación de narcovínculos que le costó la sigla.
Aunque la penetración del narcotráfico en las altas esferas de gobierno data de 1980, el término “narcovínculos” se popularizó a raíz del escándalo que surgió en el país cuando se acusó al entonces ministro del interior, Guillermo Capobianco, y a los jefes de la Policía antidroga de otorgar protección a narcotraficantes.
Desde la perspectiva de Marco Zelaya, los términos narcopolítica y narcoestado ingresaron a la agenda pública y mediática.
