El MAS, en su último ampliado, pidió apartar de las instituciones públicas a los funcionarios que fueron parte del presunto “golpe” en 2019
El pedido del Movimiento Al Socialismo (MAS) de apartar de las instituciones públicas a los funcionarios que fueron parte o cómplices del presunto “golpe de Estado” en 2019 vulnera los derechos laborales de las personas, según diputados de la oposición y del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, rechazó la intención del partido oficialista ya que, en el fondo, el propósito sería acaparar todos los puestos laborales del Estado dejando de lado la meritocracia.
“Eso no es democracia, en un país democrático y libre tiene que haber gente que trabaje libremente y no oprimido como hasta ahora. La gente que trabaja dentro de las listas del Estado es sometida a marchas, a aplaudir al exdictador, a aplaudir al Presidente”, sostuvo Lero.
La resolución del último ampliado del MAS ordena: “Se aparte a todas y todos los funcionarios golpistas que apoyaron, colaboraron y fueron cómplices del golpe de Estado del 2019, que actualmente ocupan distintos cargos en la administración pública, tanto dentro como fuera del país y sancionar a las autoridades electas, designadas y dirigentes que se encuentran avalando a estos funcionarios que atentaron contra la democracia y el Estado de Derecho”.
Al respecto, el diputado del oficialismo, Juan José Jáuregui, aseguró que una resolución orgánica del partido azul no puede imponer a las decisiones del Órgano Ejecutivo; además, afirmó que ese tipo de pedidos vulnera derechos laborales de una persona.
“Es una decisión orgánica (del MAS), es una decisión de nuestros dirigentes que, si bien tiene que operativizarse, pero en esta práctica de dar cumplimiento, no se debe vulnerar derechos, vivimos en un Estado de derecho. Hay una decisión política, pero esa decisión política no puede vulnerar normas, ni principios, ni garantías constitucionales”, indicó Jáuregui.
En su criterio, se podría apartar de su cargo a un funcionario público en caso que haya asumido funciones por vías irregulares; por lo tanto, se tendría que activar los mecanismos procedimentales administrativos para alejarlos de las instituciones del Estado.
Alberto Astorga, diputado de CC, calificó el pedido como un exabrupto porque considera que toda persona tiene derecho al trabajo. Además, cree que con ese pedido se confirma que los trabajadores del Estado están en sus puestos porque tienen el aval del carnet azul y no fueron designados por meritocracia.
“Estamos cansados de que personas que, por el simple hecho de llevar el carnet azul, estén en los distintos puestos sin mostrar la eficiencia correspondiente. Esperemos que en algún momento exista gente eficiente en las instituciones públicas, pero acá es lamentable lo que se está observando”, sentenció Astorga.
Para Walthy Egüez, diputado de Creemos, lo primero que debe quedar claro en este contexto es que no hubo un “golpe de Estado”, sino un fraude digitado por el equipo del expresidente Evo Morales. En ese sentido, cree que el partido azul quiere cooptar todas las instituciones del Estado.
El parlamentario consideró que el Ministerio de Trabajo debería tomar cartas en el asunto, pero duda que eso pase porque estaría manejado por masistas. “El Ministerio de Trabajo está cooptado por el MAS, son masistas los que manejan la institución y no van a ser absolutamente nada al respecto”, señaló.
Según Jáuregui, los servidores públicos no están bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, pero sí están regulados por otro mecanismo.
