Representantes y líderes de 20 organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía han solicitado la inmediata paralización de las operaciones de la mina Alexander, situada en el valle de Zongo, departamento de La Paz, debido a la creciente contaminación ambiental y el incumplimiento de la consulta previa a las comunidades locales por parte del empresario José Oscar Bellota.
El pronunciamiento tuvo lugar durante el desarrollo del Pre Foro Social Panamazónico (Pre FOSPA) en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, donde también participaron representantes de organizaciones internacionales de defensa de la Amazonía. El encuentro buscó abordar temas relacionados con la deforestación, contaminación y violaciones de derechos humanos en los países amazónicos.
En la resolución emitida, las organizaciones firmantes demandan al Estado que ordene la paralización inmediata de las operaciones en la mina mencionada debido a la evidente contaminación del medio ambiente y la biodiversidad, el incumplimiento de las normas ambientales y la ausencia de una consulta previa, libre e informada, informó un comunicado de Unitas. Asimismo, se denuncia el tráfico de tierras y la violación de normas laborales asociadas al proyecto minero.
Además, las organizaciones exhortan a que se activen los mecanismos de protección para garantizar la seguridad y el derecho de los defensores de Zongo a proteger su territorio. Se pide una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente en casos de vulneraciones a su contra.
Fernando Pérez, defensor de los derechos de las comunidades del Valle de Zongo, explicó durante el Pre FOSPA que 42 indígenas, incluyendo comuneros y líderes, han enfrentado persecución judicial desde 2011 por parte del empresario minero. Esto ocurrió después de que asumieran la defensa de su territorio y, en ejercicio de su jurisdicción indígena originario campesina, expulsaran a Bellota mediante un ampliado comunitario debido a la contaminación y deforestación de sus tierras.
La disputa por las tierras llegó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en 2013 emitió la declaración constitucional 006/2013 reconociendo la jurisdicción indígena de Zongo y determinó que la resolución de expulsión del empresario debía ser de “estricto cumplimiento”. Posteriormente, en 2014, el TCP emitió la sentencia constitucional 874/2014, otorgando a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) de Zongo el poder de conocer el caso y exigir que el empresario se someta a la justicia indígena. Sin embargo, según Pérez, estas resoluciones han sido ignoradas y no se han cumplido.
La nota de prensa recuerda que este caso ha llamado la atención de diversas organizaciones internacionales, y Pérez expresó que aprovecharán estas resoluciones para buscar apoyo jurídico en instancias internacionales y seguir denunciando las vulneraciones de sus derechos.
El Pre FOSPA forma parte de las actividades preparatorias para el XI FOSPA, programado para julio de 2024 en Bolivia, donde delegaciones de los nueve países amazónicos participarán, incluyendo Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Bolivia.
Entre las organizaciones que firmaron la resolución destacan la Federación Regional Única de Trabajadores Indígenas Campesinos de la provincia Ballivián, el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano-TIMI, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia-CNAMIB, la Comunidad Indígena Bella Selva, y otras importantes agrupaciones y comunidades que buscan proteger sus tierras y el medio ambiente.
