Un total de 48 vulneraciones al derecho a la protesta se han registrado entre enero a mayo de este año, siendo organizaciones sociales y las defensoras y defensores de derechos los más afectados, mientras que la Policía es el actor más vulnerador, de acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
De las 48 vulneraciones, 24 tienen que ver con la detención de manifestantes, 15 a heridos, tres con el impedimento de una protesta, tres con la represión de una protesta y otras tres con la criminalización o judicialización de una protesta.
Sobre los actores vulnerados, las organizaciones sociales están entre las más afectadas. Se puede citar el caso de los trabajadores del sector de salud, que el 28 de abril fueron gasificados por la Policía cuando protestaban en cercanías de la Gobernación de La Paz. Otro sector es el de los maestros urbanos, que fueron gasificados, detenidos y heridos por la Policía en sus movilizaciones de marzo.
También se registró la gasificación a una organización campesina de Cochabamba que arribó a La Paz para expresar su protesta por avasallamientos a sus tierras. La Policía los gasificó cuando cortaron los carriles de subida y bajada de la avenida Camacho (18-05-22).
Otro de los actores vulnerados es el de defensores de derechos. Por ejemplo, el 1 de abril, 13 activistas del Colectivo Mujeres Feministas Pluridiversas de La Paz fueron arrestadas por la Policía por la protesta que realizaron en la zona de Villa Copacabana, en las puertas de un colegio donde una niña había sufrido abuso sexual, según la denuncia de las manifestantes. Horas después fueron liberadas. Un día antes, integrantes de este colectivo fueron reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos en el mismo lugar.
Otro caso similar se dio el 4 de marzo en la ciudad de El Alto. Tres activistas de la plataforma Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas fueron arrestadas por la Policía por pegar carteles con mensajes de justicia y en contra de la violencia de género.
También hay otros casos, como en de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quien fue víctima de agresiones por grupos afines al MAS el 21 de febrero en la plaza Abaroa y el 10 de febrero frente a los juzgados en la ciudad de La Paz. Por otra parte, el presidente del comité cívico de Tarija, Adrián Ávila, y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, también fueron criminalizados con una denuncia por la convocatoria a un paro en noviembre de 2021 en rechazo a la abrogada ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Sobre quiénes son los que vulneran el derecho a la protesta, de los 48 casos, 42 los han cometido miembros de la Policía boliviana, otros tres lo han hecho grupos de personas afines al MAS, dos responden al ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, por el proceso abierto en contra de Ávila y Pérez, y el último caso responde al Ministerio Público, cuando demandó a la Universidad Autónoma Tomás Frías a entregar la lista y los Kardex de todos los directores de carrera y estudiantes que participaron en las movilizaciones durante la crisis política de 2019 (28/03/22).
En lo relacionado a los tres casos que aluden a personas afines al MAS, dos corresponden a las agresiones en contra de Amparo Carvajal y una en contra de personas que, a través de una protesta, exigían la libertad de la expresidenta Jeanine Añez en alrededores de la cárcel de Miraflores (18/02/22).
El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un trabajo de monitoreo y recepción de denuncias sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/ BD
De las 48 vulneraciones, 24 tienen que ver con la detención de manifestantes, 15 a heridos, tres con el impedimento de una protesta, tres con la represión de una protesta y otras tres con la criminalización o judicialización de una protesta.
Sobre los actores vulnerados, las organizaciones sociales están entre las más afectadas. Se puede citar el caso de los trabajadores del sector de salud, que el 28 de abril fueron gasificados por la Policía cuando protestaban en cercanías de la Gobernación de La Paz. Otro sector es el de los maestros urbanos, que fueron gasificados, detenidos y heridos por la Policía en sus movilizaciones de marzo.
También se registró la gasificación a una organización campesina de Cochabamba que arribó a La Paz para expresar su protesta por avasallamientos a sus tierras. La Policía los gasificó cuando cortaron los carriles de subida y bajada de la avenida Camacho (18-05-22).
Otro de los actores vulnerados es el de defensores de derechos. Por ejemplo, el 1 de abril, 13 activistas del Colectivo Mujeres Feministas Pluridiversas de La Paz fueron arrestadas por la Policía por la protesta que realizaron en la zona de Villa Copacabana, en las puertas de un colegio donde una niña había sufrido abuso sexual, según la denuncia de las manifestantes. Horas después fueron liberadas. Un día antes, integrantes de este colectivo fueron reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos en el mismo lugar.
Otro caso similar se dio el 4 de marzo en la ciudad de El Alto. Tres activistas de la plataforma Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas fueron arrestadas por la Policía por pegar carteles con mensajes de justicia y en contra de la violencia de género.
También hay otros casos, como en de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quien fue víctima de agresiones por grupos afines al MAS el 21 de febrero en la plaza Abaroa y el 10 de febrero frente a los juzgados en la ciudad de La Paz. Por otra parte, el presidente del comité cívico de Tarija, Adrián Ávila, y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, también fueron criminalizados con una denuncia por la convocatoria a un paro en noviembre de 2021 en rechazo a la abrogada ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Sobre quiénes son los que vulneran el derecho a la protesta, de los 48 casos, 42 los han cometido miembros de la Policía boliviana, otros tres lo han hecho grupos de personas afines al MAS, dos responden al ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, por el proceso abierto en contra de Ávila y Pérez, y el último caso responde al Ministerio Público, cuando demandó a la Universidad Autónoma Tomás Frías a entregar la lista y los Kardex de todos los directores de carrera y estudiantes que participaron en las movilizaciones durante la crisis política de 2019 (28/03/22).
En lo relacionado a los tres casos que aluden a personas afines al MAS, dos corresponden a las agresiones en contra de Amparo Carvajal y una en contra de personas que, a través de una protesta, exigían la libertad de la expresidenta Jeanine Añez en alrededores de la cárcel de Miraflores (18/02/22).
El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un trabajo de monitoreo y recepción de denuncias sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/ BD
