La defensa del sindicado considera que al enviar a su cliente a Chonchocoro, lo están mandando al “matadero”.
Tras su audiencia cautelar y mientras era conducido a celdas, Misael Nallar expresó hoy sus sentidas condolencias a las familias de los dos sargentos y el policía voluntario que fueron asesinados en el municipio de Porongo, Santa Cruz. Nallar debe cumplir conla detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro de La Paz y su abogado considera que lo enviaron al “matadero”.
“Mis sentidos pésames (a las familias de los fallecidos), voy a demostrar que soy inocente”, dijo Nallar, al salir del juzgado del municipio de la Guardia, donde se llevó su audiencia de medidas cautelares.
El detenido fue imputado por el delito de asesinato y en las próximas horas tendrá que ser trasladado a Chonchocoro. Otras dos personas también deben cumplir con la detención preventiva, se trata de Esteban Beltrán y Rodrigo Gonzales, el primero fue enviado a la cárcel de El Abra de Cochabamba y el otro a Palmasola de Santa Cruz.
Según la Policía, hay suficientes indicios que apuntan a que estas tres personas están involucradas en la ejecución de tres efectivos, registrado el pasado martes en el Urubó, en Porongo, debido a que la prueba del guantelete y estudios de balística develaron que los tres utilizar armas de fuego el día del hecho. Además, la Policía encontró los mismos calibres de armas, 7,65 y 5,56, en un vehículo que era utilizado por Misael Nallar.
Carlos Antelo, abogado de Nallar, indicó que en la audiencia solicitó al juez que envié a Palmasola a su defendido, y no así a Chonchocoro, porque corría riesgo su vida.
“Pone en peligro su vida, sabemos lo que pasa con los detenidos de Santa Cruz que se van a La Paz, sabemos el caso contundente de El Oti (Víctor Hugo Escobar) y de Hardy Gomez, que en vez de precautelar su vida en Palmasola, los mandaron Chonchocoro como si fuera un matadero”, manifestó el jurista.
Ayer la Fiscalía informó que los privados de libertad de Palmasola expresaron su rechazo para que Nallar sea trasladado a ese penal, por ello el juez debía resolver a qué centro penitenciario enviar al sindicado.
Antelo cuestionó ese argumento del Ministerio Público e indicó que el voto resolutivo de los privados de libertad no estaba firmado por todos los representantes de los pabellones de Palmasola, solo llevaba la firma de cuatro delegados.
