Esta denuncia fue presentada por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya y es llevada adelante por Efraín Mallea Claro, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno.

“Se reciba la declaración indagatoria de Juan Evo Morales Ayma, en fecha 10 de mayo del 2023 a horas 10.00 AM, Atravez del Aplicativo Google Meet https://meet.google.com/tde-ufkn-vcz quien declarara sobre los hechos imputados, diligencia que se realizara previa lectura de sus derechos conforme lo dispone el artículo 71 del Codigo Procesal Penal (sic)”, señala parte de la citación.

Montoya presentó como prueba un video del 17 de noviembre del año pasado, en el que el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, le aseguró a Morales en una ceremonia, que Puno se uniría desde ese día a su proyecto geopolítico Runasur, con el que buscaría crear la llamada ‘Nación Aimara’.

Morales señaló que el objetivo central de Runasur es “liberar a toda América” y a los pueblos originarios como los quechuas y los aimaras.

En ese marco, el congresista denunciante aseguró que mediante esas declaraciones el expresidente de Bolivia “genera separatismo, además del comunismo que quiere implantar” en ese país.

Sin embargo, el abogado de Morales en Perú, Raúl Noblecilla, otrora defensor del expresidente peruano Pedro Castillo, no descartó que su defendido no se vuelva a presentar el 10 de mayo. Arguyó que esto constituye una persecución política y que la sentencia ya está escrita.

Los abogados penalistas Andy Carrión, Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti explicaron a Perú21 que, si Morales no asiste a esta segunda citación, “su situación se complicará”, porque el fiscal podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición debido a que el investigado estaría obstaculizando el accionar de la justicia.

En tanto, el abogado de Morales podría utilizar a su favor el impedimento contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) de no ingresar a territorio peruano.

El 9 de enero, el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, determinó la prohibición del ingreso a ese país de Morales debido a que “habría ingresado a territorio peruano para efectuar actividades de índole política proselitista”.

Además de Morales, la denuncia también cae en contra del exgobernador regional de Puno Germán Alejo y Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.

Y el 26 de enero, el Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza la “intromisión indebida” de Morales en asuntos internos en ese país. También fue declarado persona no grata tras la escalada de movilizaciones violentas y decenas de muertos luego de la destitución de Castillo y la sucesión de Boluarte, el 7 de diciembre de 2022.