El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este jueves que se cumplió con la audiencia de anticipo de prueba que permite avanzar en la investigación del saqueo y el incendio de las instalaciones y el mobiliario de la fiscalía cruceña.
El objetivo —indicó la autoridad del Ministerio Público en referencia al incendio del edifico que ocurrió el pasado 28 de diciembre— es recabar más evidencias materiales y no perderlas en el transcurso del tiempo
“La solicitud de la audiencia del anticipo de prueba fue presentada por el Ministerio Público y en el lugar se lograron colectar elementos materiales de prueba para la investigación iniciada de oficio por los delitos de incendio, asociación delictuosa, deterioro de bienes del estado, instigación pública a delinquir y robo agravado”, precisó Mariaca.
El caso tiene a 20 personas investigadas, 15 de ellas con detención preventiva en el penal de Palmasola.
Las investigaciones establecieron, de acuerdo con el fiscal de materia, Osvaldo Tejerina, que el hecho se registró el 28 de diciembre de 2022 a las 17h40 horas.
A esa hora, dijo Tejerina, un grupo de personas se reunió en los alrededores del edificio central de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz donde iniciaron “una ola de actos vandálicos en las instalaciones”, rompieron los candados y vidrios y provocaron el saqueo y el incendió en el lugar.
Además, agregó, prendieron fuego a los vehículos que se encontraban en el parqueo y no permitieron el ingreso del personal policial ni de bomberos para mitigar el fuego.
“Lo que se quiere lograr con este acto investigativo es establecer la existencia de daños, la cuantificación, establecer la presencia de personas y funcionarios del Ministerio Público al momento de los destrozos y la quema de la Fiscalía Departamental y a partir de ello vamos a generar la ampliación de los delitos contra otras personas que estarían implicadas”, agregó en contacto con los medios.
Los delitos por lo que se ampliaría la investigación tienen relación con los daños causados contra la infraestructura del edificio y el atentado contra los funcionarios que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos.
Daño
El saqueo y la quema de las instalaciones, protagonizada por un grupo irregular afín a Luis Fernando Camacho, provocó una pérdida aproximada de Bs 37 millones, señalan evaluaciones forenses.
Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, la tarde del 28 de diciembre, un grupo irregular arremetió contra las instalaciones públicas, entre ellas el edificio de la Fiscalía que fue saqueado, destrozado e incinerado.
Según reporte de Bomberos, el 90% del edificio quedó inutilizado por el incendio de gran magnitud.
Además, se reportó más de 30 vehículos totalmente calcinados.
Durante el hecho, la Policía aprehendió a algunos de los involucrados, quienes tenían en su poder equipos del Ministerio Público como impresoras, computadoras y otros objetos.
Otras instalaciones
Al menos unas 30 infraestructuras del Estado fueron quemadas en Santa Cruz por grupos “terroristas” tras la aprehensión de Camacho.
Además de la Fiscalía Departamental, están Impuestos Nacionales, el Servicio de Registro Cívico (Serecí), los aeropuertos de Viru y El Trompillo, Banco Unión y Entel.
A ellos se agregan el domicilio del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, una clínica privada, el Comando Departamental, oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sustancias Controladas, Interpol, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), entre otras.
En la Comisaria de la rotonda del Plan 3.000 un vehículo fue quemado por parte de grupos radicales.
Esos grupos, afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz, desataron en Santa Cruz olas de violencia, saqueos, incendios a instituciones del Estado, además de que instalaron puntos de bloqueo en demanda a la liberación del excívico.
Camacho está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, acusado de terrorismo.
