Al cierre perimetral del departamento, con el que se evita que salga todo tipo de mercadería, se suma una instrucción de resguardo de instituciones públicas para evitar destrozos, pero también ingresos
Lejos de aplacarse por el efecto de fin de año, las protestas por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se empiezan a reproducir por todo el país mientras los cívicos afinan un plan de resistencia con dos patas: táctica de guerrilla urbana para desgastar a la Policía y caos económico para presionar al gobierno, y aún así todo parece indicar que esto recién empieza.
Ayer se prendió la mecha con una multitudinaria marcha de mujeres en Santa Cruz que llegó hasta el comando departamental y que tuvo su reproducción después en otras ciudades como en Tarija, Sucre y finalmente en Cochabamba, en la avenida Heroínas frente a la UTOP, allí donde empezó todo en 2019.
Desde hace ya varias noches las proximidades del Cristo Redentor, en el primer anillo de Santa Cruz de la Sierra, se ha convertido en territorio de disputa. Jóvenes más o menos autoconvocados llegan al lugar para enfrentar a la Policía y desatan el caos por diferentes lugares. “Esta estrategia de la guerra de guerrillas, con acciones no planificadas y múltiples, golpeando en diferentes partes de manera sorpresiva y al mismo tiempo, de manera sostenida puede dar resultado. Este tipo de acciones, va a volver loco al Gobierno, porque no podrá controlar y neutralizar los golpes mediante la violencia abierta. Ningún ejército, por más grande que sea, aguanta este tipo de ataques. Es muy buena la decisión tomada por los líderes cruceños” señaló el analista y comunicador Esteban Farfán.
Sin embargo, la gran apuesta es la del desgaste económico, pues es el asunto más sensible que tiene entre manos el presidente Luis Arce, quien guarda silencio sobre el tema al igual que el resto del gobierno, convencido de que ignorándolo el problema político se convertirá específicamente en un problema judicial.
El presidente Rómulo Calvo ya anticipó en la mañana de ayer la intención de “resguardar las instituciones del Estado” con un objetivo de seguridad, pero, sobre todo, para ahogarlas económicamente. “Tenemos que proteger las instituciones públicas del Estado para que no la quemen para que no borren su corrupción. Tenemos que estar ahora nosotros, así como estuvimos en las rotondas, en las calles en las avenidas protegiendo, ahora, cambia la estrategia, la estrategia es proteger las instituciones públicas del Estado”, instó Calvo.
La acción de “resguardo”, también será para demostrar al Gobierno que sin Santa Cruz y sin los recursos que genera: “no hay Estado, no hay plata”. “Ellos (el Estado) viven de nosotros, ellos le pagan a sus funcionarios con nuestros recursos; ahora les va a costar, o nos respetan o ya saben lo que vamos a hacer”, advirtió Calvo.
La medida se suma a la del bloqueo perimetral del departamento bajo la instrucción de la Asamblea de la Cruceñidad que determinó que “no sale nada”. La medida ya ha generado la paralización del transporte pesado y una movilización logística importante para conseguir que se sientan los resultados en el resto del país.
La posibilidad de que en el país empiecen a faltar insumos básicos como la harina o el aceite puede generar problemas adicionales.
Además, hay una clara vocación de internacionalizar cuanto antes el conflicto y para ello se ha invitado a dos diputados, uno de España y otro de Chile, representantes ambos de la derecha más extrema, que han instado a la liberación de Luis Fernando Camacho. La inestabilidad política y el desafío secesionista que se está gestando en Santa Cruz contribuye a que las agencias de calificación empeoren la catalogación de Bolivia y por ende, tenga mayores dificultades para acceder al crédito externo, otra baza que también se está jugando.
Audiencia frustrada
Por otro lado, ayer se tenía previsto resolver una acción de libertad interpuesta por la defensa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por motivos de salud, sin embargo, el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz declinó competencia y decidió suspender la acción.
Según el abogado Martín Camacho, se decidió cambiar la decisión “misteriosa” a pedido del Ministerio Publico y derivarlo a un juzgado de La Paz.
“Es un hecho que debe ser histórico en Bolivia. Las acciones tutelares no tienen jurisdicción y además, una vez admitidas, no se pueden declinar, no existe ni la causal de excusa en este tipo de acciones que son de carácter inmediato”, cuestionó el jurista.
El recurso de acción de libertad fue presentado con el objetivo de que la autoridad departamental pueda ser trasladada a un centro de salud para que pueda recibir la atención que requiere su enfermedad de base.
El gobernador cruceño guarda detención preventiva de cuatro meses por el denominado caso Golpe de Estado I, relacionado con los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez en 2019.
El Gobierno guarda sepulcral silencio
Desde la detención de Luis Fernando Camacho, solo el ministro de Gobierno en asuntos técnicos, y eventualmente el ministro de Obras Públicas, se han referido al caso. Ni el presidente Luis Arce, ni el vicepresidente David Choquehuanca, ni siquiera la ministra de la Presidencia María Nela Prada, cruceña, se han referido al tema con el objetivo de que se trate como un asunto estrictamente judicial y, en todo caso, policial. El mensaje es que no hay nada que negociar, al menos públicamente.
El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió la semana pasada a asuntos técnicos, mientras que el Defensor del Pueblo intenta mostrarse como un verificador de la salud del Gobernador para evitar que aparezcan sesgos en su primera crisis de calado.
