En una semana se vieron actos de violencia y acoso político en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El gobierno de Arce activó el Mecanismo de Prevención que manda la Ley 243, sólo para el caso de Muriel Cruz.
El primer caso se originó el viernes 2 de junio, cuando un grupo de unas 50 personas lideradas por Édgar Salazar, conocido como dirigente de la Apdhb paralela y afín al MAS, tomó de forma violenta el edificio de la histórica sede en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz.
Desde esa fecha, Carvajal -con sus 84 años y enferma con cáncer- instaló una vigilia permanente en la puerta trasera del lugar exigiendo a Salazar la devolución de los ambientes. Hasta la fecha en varias oportunidades, la activista fue víctima de constantes ataques y amenazas de grupos de Salazar que pretenden expulsarla del lugar donde hace vigilia.
El viernes 9 de julio se conoció que la Justicia admitió una Acción de Amparo Constitucional que Carvajal presentó contra Salazar por la propiedad de la sede de la Apdhb. La audiencia en la que se definirá el caso se realizará hoy en la mañana. Pero los activistas que apoyan a Carvajal dijeron que se quedarán en la vigilia hasta conseguir la devolución de la sede.
El segundo caso pasó el martes 6 de junio, en la ciudad de Cochabamba, cuando la concejala de Súmate Claudia Flores fue brutalmente golpeada por una turba de gente presuntamente simpatizante del alcalde Manfred Reyes Villa. El grupo la acusaba de transfugio por su cercanía con la bancada del MAS.
“En el patio me han arrastrado. Querían sacarme a la plaza a jalones y empujones. Ninguna autoridad merece lo que me hicieron hoy (el martes 6 de junio). Me han pateado en el suelo, es gente pagada”, dijo la concejala Flores a la prensa mientras era trasladada a una clínica.
Flores fue expulsada del Concejo Municipal en medio de gritos y empujones.
Días después, el concejal cochabambino Joel Flores del MAS denunció que el hecho fue orquestado por el jefe de su partido Evo Morales, quien en una reunión del 30 de mayo instruyó a los cuatro concejales masistas sacar a Manfred Reyes Villa de la Alcaldía de Cochabamba, mediante una crisis en el Concejo, incluso habló de la concejala Flores como la futura alcaldesa suplente. “Sería mejor Claudia (Flores), se ha portado bien”, dijo Morales, según el concejal Joel Flores.
El tercer hecho de violencia política ocurrió en la ciudad de Santa Cruz el viernes 10 de junio entre las 10:30 y 11:00 frente a la Gobernación. Todo comenzó con una discusión entre activistas y la asambleísta Muriel Cruz (MAS) por la posesión de Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz como asambleístas titular y suplente, ambos representantes del pueblo guaraní.
Después de una discusión acalorada el hecho derivó en una brutal golpiza luego de que la legisladora fue rebasada por las personas que la tumbaron al piso, una de ellas se montó encima de Cruz y le dio puños, también hubo otra persona que le jaló de los pelos, mientras otros la pateaban y le pegaban con palos.
Minutos después, la Policía aprehendió a 15 personas y la Fiscalía activó una investigación para un proceso penal. Hoy es la audiencia de los presuntos agresores. En tanto, el Gobierno nacional activó el “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata, de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política” y convocó a seis entidades estatales a una reunión para el miércoles 14 de junio en la que se tratará el caso de Cruz. No tomó en cuenta ni mencionó los otros dos casos.
A estos hechos se suma otra presunta agresión en Santa Cruz donde, según la denuncia de la dirigente indígena guaraní Francisca Sánchez, afín al MAS, el martes 6 de junio, ella fue víctima de amedrentamiento y agresiones verbales frente a la Gobernación cruceña por apoyar la posesión de Caraica y Ortiz que son de la línea del MAS.
