afirmó este martes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; constatación que refrendaría la hipótesis en sentido de que varios comunarios de las regiones donde se levantaron los cercos no están de acuerdo con la medida de presión, porque afectará aún más a su economía debido a que deben paralizar sus actividades productivas.
La autoridad gubernamental apoyó su afirmación en reportes de los propios efectivos de la Policía Boliviana que se encuentran en los lugares donde se implementaron los cercos para evitar el tránsito vehicular y grabaciones de supuestos comunarios que aseguran son obligados a participar de la movilización bajo amenaza de fuertes sanciones económicas si no toman parte de las acciones dispuestas por el denominado Estado Mayor del Pueblo afín a Morales.
“¿Cuál es el objetivo de convocar a este bloqueo? Hemos convocado a tratar los temas que hacen al pliego petitorio (evista) que han sido respondidos y no han asistido. Y cuáles son los argumentos que señalan, primero, es el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ, la habilitación de Evo Morales como candidato cuando eso lo determina la Constitución Política del Estado (CPE), eso no corresponde la Ejecutivo, y levantar los procesos que tiene Evo Morales, es una clara muestra de que se busca la impunidad del señor Morales”, especificó.
En ese sentido, ratificó que la medida de presión que inició el lunes responde a fines personales, políticos y electorales del exmandatario sin importar el perjuicio que se provoca a los sectores productivos y económicos, así como a la población en su conjunto porque debido a la imposibilidad del paso de los productos entre los diferentes departamentos se provoca el incremento de los precios de los bienes esenciales para los hogares bolivianos.
Asimismo, anunció que la Policía Boliviana evaluará las acciones que tomarán en cada uno de los puntos de bloqueo para garantizar el libre tránsito, tal cual manda la CPE; además, desestimó la posibilidad de que una comisión gubernamental se dirija a esos sectores cercados, tal cual pidió la dirigencia evista, porque no se tratan de demandas de índole social, sino son reclamos políticos y personales del exmandatario y sus acólitos.
“El diálogo siempre está abierto en las demandas sociales, pero cuando vemos que las intenciones son otras, porque además no corresponden al Ejecutivo, sino están en otra instancia; los procesos judiciales no le corresponden al Ejecutivo, el reconocimiento de un congreso que no ha cumplido sus estatutos y que habla de un candidato único no le corresponde al Ejecutivo, está en el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional; el tema de la candidatura está en la CPE que es la que le prohíbe ser candidato (a Evo Morales); este es un bloqueo político, personal y electoral”, reiteró.
