Fue convocado por segunda vez para que declare por un “atentado a la integridad nacional” que pudo alentar en Puno.Morales critica el “silencio cómplice” del Gobierno de Arce y no aseguró si se presentará a declarar por este caso
La Fiscalía de Perú investiga la existencia de un “plan separatista” en Puno, el departamento que limita con una extensa zona altiplánica de Bolivia. El expresidente Evo Morales fue vinculado en este caso y debe presentar sus descargos en una audiencia indagatoria virtual prevista para el 10 de mayo.
En realidad, se trata de la segunda convocatoria puesto que no se presentó a la primera audiencia que había sido fijada para el 7 de marzo. El Ministerio Público del vecino país presentó cargos de “atentados contra la seguridad nacional y usurpación de la función públicas” contra Morales. Estos delitos están relacionados con la crisis social y política que estalló en Perú entre diciembre y enero luego de la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.
El exmandatario fue uno de los aliados de Evo para llevar adelante “el proyecto de integración Runasur”, que ahora está en el punto de mira de las autoridades peruanas, porque pudo vulnerar el principio de “la unidad territorial”.
“Las citaciones y amenazas de extradición, promovidas por la derecha peruana y boliviana, son parte de la persecución para que no denunciemos la masacre de nuestros hermanos indígenas de Perú. Nos preocuparía que un gobierno ilegítimo, que causó tantas muertes, hable bien de nosotros”, afirmó el jefe del MAS a tiempo de referirse a la crisis del Perú.
Castillo fue destituido poco después de instruir el cierre del Congreso para activar el debate de una Asamblea Constituyente, una de las propuestas que fue abiertamente alentada por Evo Morales y sus aliados en Perú.
Dina Boluarte asumió, entonces la presidencia peruana, pero en momentos de una fuerte movilización que tuvo como epicentro Puno, Cusco y Arequipa. Hubo tomas de aeropuertos y bloqueo de caminos en las vías del sur peruano. Por este conflicto, el puesto fronterizo que une a Bolivia y Perú en Desaguadero estuvo cerrado algo más de tres meses con un fuerte impacto en las exportaciones del país. En el contexto de estas protestas, 61 personas murieron en Perú.
Junto con Morales están siendo procesados dirigentes del partido de la alianza de izquierdas que respaldó la fórmula de Castillo. Ellos son Vladimir Cerrón, además del gobernador de Puno, Germán Alejo Apaza. Eso sí, sobre estos ciudadanos pesa, además, el delito de “traición a la patria”, según la cédula de notificación emitida para Evo Morales el 23 de abril por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno. Este cargo fue “desacumulado” del pliego que pesa en contra del expresidente boliviano.
El abogado constitucionalista Israel Quino explicó que Morales puede ser procesado en el vecino país sin que medie una condición de privilegio, pero sobre la base del cumplimiento de varios protocolos legales. “En este caso opera el principio de territorialidad de la norma penal y esto significa que el Código Penal de cada país rige para estantes y habitantes, fueran nacionales o extranjeros”, señaló.
El profesional señaló que pueden existir dos vías. La primera a través de la vía diplomática que implica la emisión de exhortos entre las cancillerías. La otra opción, que es menos burocrática, se activa cuando existe un agente o un abogado que representa al encausado en el exterior.
La Fiscalía del Perú comenzó la investigación de este “plan separatista” en enero, tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones de prohibirle el ingreso a ese territorio. Fue entonces que el expresidente optó por contratar un abogado para que lo defienda ante este caso, Raúl Noblecilla, quien fue viceministro durante el gobierno de Castillo.
Además, el Congreso de la nación vecina le declaró persona no grata, un aspecto que ayer fue recordado por el exmandatario, quien reclamó por “el silencio cómplice” del gobierno de Arce frente al proceso penal que enfrenta. Si la Justicia del vecino país corrobora los extremos por los que se le acusa actualmente, puede ser condenado hasta un máximo de 15 años de cárcel.
“Primero acompañaron con un silencio cómplice la declaración de ‘persona no grata’ en Perú; luego el Ministro de Justicia (Iván Lima) garantizó a golpistas nuestra defenestración con un juicio internacional. Denunciamos una nueva arremetida de la derecha interna contra nuestra integridad”, protestó el político a través de un mensaje emitido desde su cuenta en Twitter (@evoespueblo).
Las apariciones públicas del expresidente se han reducido casi al 100% durante el último mes. Morales afirmó que estaba delicado de salud y que se estaba recuperando de una infección urinaria. Incluso, su participación en su programa semanal por Kawsachun Coca se hizo a distancia. Reveló, incluso, que recibió el apoyo del gobierno de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro.
El abogado peruano Andy Carrión explicó que si Morales no asiste a esta segunda citación “su situación se complicará” porque la Fiscalía puede solicitar su detención preventiva con fines de extradición. Ante ello, Noblecilla arguyó que su defendido enfrenta una persecución política” y no pudo confirmar la asistencia de Evo a la audiencia virtual de mayo.
Quino consideró que los delitos por los cuales está acusado Morales tienen que ser demostrados. “El Código Penal del Perú es mucho más preciso y cuando se habla de ‘atentado’, este extremo debe quedar demostrado en apego a ley. “¿Uso armas, qué destruyó, en qué consiste ese atentado”, manifestó el jurista, quien no cree posible que se llegue a la extradición de la exautoridad.
En cuanto al reclamo “de silencio”, el jurista precisó que las autoridades sólo emiten pronunciamientos precisos en caso de personeros que estén en ejercicio del cargo o mandato. “Lo que debe hacer la Cancillería es velar que se cumpla el debido proceso como pasa con cualquier otro ciudadano boliviano que tenga problemas legales en otras latitudes.
El historiador y periodista Robert Brockmann recordó ayer que no existen casos tan parecidos como el que ahora enfrenta Morales. Señaló, por ejemplo, la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet (1998) como “un caso emblemático” de aplicación de la justicia extraterritorial. El militar fue juzgado por graves violaciones a los derechos humanos durante el ejercicio del poder.
También está el apresamiento del exdictador Luis García Meza en Brasil; eso sucedió en 1995, “pero para eso él ya estaba sentenciado”, señaló el historiador.
“En Europa está la detención del expresidente de Serbia Slobodan Miloševic, por crímenes de guerra”, apuntó Brockman al referirse a otros casos que guarden relación con expresidentes. El caso de Morales es inédito porque, a diferencia de los datos anteriores, no tiene que ver con violación de derechos humanos, donde sí se aplica la extraterritorialidad en base a una abultada jurisprudencia internacional.
