La CIDH, en ese sentido, enfocó su informe en siete puntos principales, relacionados con la inclusión social; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la discriminación; la libertad de expresión; el estado de la justicia; el acceso a la justicia en igualdad de condiciones; y la independencia judicial.
La CIDH, en ese sentido, enfocó su informe en siete puntos principales, relacionados con la inclusión social; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la discriminación; la libertad de expresión; el estado de la justicia; el acceso a la justicia en igualdad de condiciones; y la independencia judicial.
Fue la vicepresidenta de la comisión y relatora sobre los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien dio lectura al informe preliminar y, sobre todo, hizo énfasis en la “preocupante” polarización que se vive en Bolivia, y el consecuente aumento de la violencia partidista, y también la ausencia de la independencia judicial que hay en el Estado.
“(Existe un) Recrudecimiento preocupante de la violencia partidista producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”, afirmó Arosemena.
En ese sentido, la comisionada de la CIDH llamó a la sociedad boliviana en general a “revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación”,
“Se alienta a la sociedad a redoblar sus esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permita trabajar un sentido de destino común en la adversidad”, señaló.
Aseveró que consenso, muchas veces, significa renunciar a ambiciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común y la paz.
“La Comisión entiende que la polarización histórica se vio profundizada por las heridas abiertas en el 2019, estas solo sanarán en la medida que las altas autoridades y todas las personas con liderazgos políticas y sociales contribuyan con su discurso a un ambiente favorable, a la reconstrucción del tejido social boliviano”, afirmó.
Y agregó que “solo mediante un dialogo nacional con respeto al rol esencial que juegan el Gobierno legítimamente electo, los partidos políticos en democracia y la alta participación de la ciudadanía se alcanzará la convivencia pacífica adecuada de las naciones y culturas que hacen de Bolivia un referente internacional”.
Independencia judicial
Otra tema que abarcó gran parte del informe de la CIDH fue la referida al estado actual de la justicia y, en concreto, la falta de independencia judicial.
El informe de la CIDH, sobre el tema, resalta que un problema que afecta a la sociedad boliviana en general es la falta de justicia, que se prensa por dos razones: la falencia de normativas y debilidades institucionales; y, sobre todo, la ausencia de una independencia judicial.
“En Bolivia históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno (…) Es una falencia que coincidieron todos los actores entrevistados en esta visita”, señaló la comisionada de la CIDH.
La Comisión internacional, en ese sentido, alertó que en Bolivia persiste un uso excesivo de la detención preventiva, un retardo procesal en particularmente en los casos de violencia de género y también un presupuesto insuficiente para garantizar su idoneidad.
“En el marco de esta visita recibimos preocupante información de la falta de independencia, debilidad institucional, ineficiencia y falta de transparencia del sector justicia (…) En este panorama no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal”, alertó Arosemena de Troitiño.
Señaló, en esa línea, que “a todos los actores, sectores de la sociedad boliviana les beneficiaria una profunda reforma del sistema de justicia que garantice una plena y efectiva independencia judicial para alcanzar la consolidación de un estado de derecho”.
Ante ello, la CIDH señala que las próximas elecciones judiciales se constituyen en una “oportunidad histórica” para dar un paso hacia la reforma integral de la justicia partiendo por asegurar la independencia judicial.
No obstante, señaló que la etapa de preselección de candidatos requiere de una concertación entre todas las fuerzas que componen el Legislativo para garantizar la independencia de los operadores de justicia y brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso.
Finalmente, la CIDH expresa su preocupación por algunos tipos penales “poco clases” como el de la sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes.
En ese sentido, la CIDh fue enfática en expresar su preocupación por la aplicación excesiva de la detención preventiva, lo que ha provocado un incremento en las tasas de hacinamiento en los últimos años.
Libertad de expresión
En su informe, la CIDH también tocó el tema de la libertad de expresión en el país.
En primer lugar, afirmó que en el país existe un amplio ejercicio de la libertad de prensa; no obstante, alertó sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia.
“Preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, principalmente en Santa Cruz”, señaló a tiempo de advertir que en los casos de violencia contra la prensa persiste la impunidad por parte de la justicia.
Asimismo, la CIDH reafirmó que se debe respetar el derecho a la protesta social y pacífica, pues “es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de toda la democracia”.
No obstante, alerto que el Estado debe identificar a grupos violentos que desnaturalizan el derecho a la protesta o utilizan ésta como una excusa para “fines alejados a la misma”.
“Los actos de violencia o discriminación no son parte del derecho de la protesta”, afirmó la Comisión.
En esa línea, señaló que en los últimos años existe una intensificación de las protestas sociales como el medio encontrado por la sociedad para hacer escuchar sus demandas, empero alerta que se identificó el uso de la violencia en muchas de ellas y hace énfasis en el paro liderizado por los cívicos y autoridades cruceñas a finales del 2022 para exigir que se adelante la fecha del censo.
Señaló que en el paro acatado por parte de Santa cruz se identificó la existencia de grupos de choques civiles y partidarios y también un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
Además, relató un incremento de violencia, también en Santa Cruz tras la detención del gobernador Fernando Camacho a finales del 2022, hechos que derivaron, incluso, en la quema de instalaciones de la Fiscalía.
“Se recibió información sobre la situación del uso excesivo de la fuerza y se reitera que la protesta social debe ser pacifica y condena todo tipo de violencia”, señaló la CIDH y también recomenida al Estado “garantizar el uso de la fuerza respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
