La entidad, que reúne a diez medios escritos del país, también expresó su preocupación por el “silenciamiento” de periodistas independientes y afirmó que está en ascenso la “vocería oficial única”, lo que perjudica el trabajo de la prensa.
Existe preocupación en los medios escritos del país. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró 73 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Además, la institución identificó que existe un “silenciamiento” a periodistas independientes y que está en ascenso la “vocería oficial única”.
La ANP, que está integrada por diez medios escritos del país, cuenta con una unidad de Monitoreo que en 15 años de actividad permanente registró, verificó y entrevistó a los reporteros agredidos para ofrecer un informe.
“En su evaluación anual, la ANP advierte una preocupante tendencia a la imposición de una vocería oficial única que afectará a la pluralidad de voces y diversidad de medios para reflejar noticias y opiniones”, dice en la introducción del informe que muestra su la evaluación anual de la ANP.
la entidad destacó el cierre del diario Página Siete, que el 29 de junio dejó imprimir sus ediciones. La ANP dijo que es el “segundo medio independiente que dejó las calles en gobiernos de izquierda”, lo que “confirmó que el cerco financiero denunciado por la ANP desde 2008, tiene por finalidad silenciar voces que cuestionan al poder de turno”. A su vez recuerda que en enero de 2016 también se cerró el diario La Prensa.
Otro caso que se expone en el informe es el del diario cochabambino Los Tiempos. Según la ANP existen denuncias de sus expropietarios sobre presiones para vender el medio de comunicación. Hoy, este periódico fue comprado por el grupo Valdivia, quien el dueño es Juan Valdivia, un empresario vinculado al Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace muchos años.
“La operación de venta se concretó a fines del mes de noviembre, y el grupo empresarial Valdivia, nuevo propietario de diario, se apresuró en señalar que se garantiza el trabajo periodístico, la calidad informativa y el pluralismo en sus contenidos”, destacó la ANP en su comunicado.
Radios yungueñas
También existe información sobre el “silenciamiento” de la radio Yungas, que era parte del equipo de la red Erbol y de la Iglesia Católica. La ANP destacó que este medio dejó de funcionar tras 40 años de trabajo periodístico y que decidió no seguir con la frecuencia tras la obstaculización de la renovación de su licencia.
Algo similar, según la ANP, sucedió con la radio FM Bolivia, que tenía su sede en la localidad de Chulumani. “El 18 de agosto, la emisora privada FMBolivia, también de Chulumani, sufrió el retiro de su licencia de funcionamiento porque su señal fue amplificada por otras emisoras que no contaban con autorización estatal. La pausa duró una semana y actualmente realiza gestiones por el retiro definitivo de la sanción”, dice en el informe de la ANP.
En la actualidad, la radio FMBolivia reportó “durante varios años la disputa por el poder sindical de los agricultores de hojas de coca, entre opositores y militantes del partido oficialista. Otras emisoras sin autorización sufrieron el decomiso de equipos de transmisión”.
Según la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, la libertad de prensa en Bolivia se encuentra en una preocupante espiral ascendente, con nuevas denuncias de agresiones a periodistas cada dos días.
“Las autoridades afirman que se respeta plenamente la normativa vigente, incluida la protección consagrada en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, pero en los hechos no es así”, dijo Alanez, quien pidió que las agresiones a periodistas y medios de comunicación “deben ser investigados y se espera que las autoridades de justicia tomen medidas al respecto”.
En el informe de la ANP se destaca la agresión que sufrió el periodista del diario EL DEBER Guider Arancibia, quien fue amenazado por difundir noticias sobre narcotráfico en julio pasado. Además, se destaca que el 6 de diciembre el “secuestrador de periodistas” Nicolás Ramírez, amenazó al diario EL DEBER por difundir noticias sobre la toma violenta de tierras agrícolas.
En enero de esta gestión, el periodista Joel Orellana y su camarógrafo Miguel Ángel Rivero, ambos de la red televisiva Unitel, fueron golpeados por policías mientras cubrían protestas contra el arresto violento del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Además, por acoso judicial se vio afectada la periodista de la ciudad de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, Dalia Surubí, quien defendió el secreto de fuente ante una petición de la Fiscalía, en septiembre pasado.
El 24 de julio, una turba intentó estrangular, amenazó de muerte, robó un anillo de bodas y el equipo de trabajo a la periodista de la ciudad de Sucre, Daniela Valdez. La justicia no sancionó a los responsables de la agresión y como en otros casos continúa imperante la impunidad.
“Las injurias expresadas por dirigentes de cooperativistas mineros contra periodistas de la ciudad de La Paz, se transformaron en violencia, entre el 6 y 7 de noviembre, y al menos 11 enviados de prensa que cubrían las protestas de este sector, sufrieron amenazas de agresión, empujones y fueron obligados a retirarse de los puntos de bloqueo organizados por los manifestantes”, es otro caso expuesto por la ANP.
