Aunque la sentencia para el principal acusado es la pena máxima referida a trata de personas en Bolivia, es leve en comparación a los daños causados. A las víctimas la justicia obtenida les sabe a poco.
Seis años después el caso Katanas aún es un rompecabezas borroso al que le faltan piezas. Hasta ahora, siete de 10 acusados de trata y explotación sexual fueron sentenciados, dos están prófugos y quedan algunas autoridades involucradas que no fueron investigadas.
Aunque haber ganado el caso marcó historia, para la abogada que impulsó el juicio, Paola Barriga, la denunciante Nohemy Cámara y las víctimas -que en algún momento se estimó eran más de 200-, la justicia conseguida está a medias y sabe a poco.
“Nos hemos comunicado con algunas de las víctimas. Aunque les queda cierto consuelo de haber llegado a una sentencia, no están satisfechas. Para ellas la condena es poca en comparación a las heridas físicas, emocionales y mentales que Marco Cámara (autor principal) y sus aliados ocasionaron en ellas”, sostiene Nohemy Cámara, hija y denunciante del propietario del Katanas, cabeza de la red de trata, Marco Cámara.
Terror en el Katanas
“En Bolivia vas a ser modelo, bailarina o participante en un concurso fitness. La paga es buena, allá se gana dinero”. Ésa era la promesa con la que varias jóvenes mujeres eran captadas en Brasil, Venezuela o Paraguay para ser traídas al país.
Salían de sus hogares con sueños, metas y ambiciones que se rompían en cuanto pisaban suelo boliviano. Apenas descendían del avión o el bus, sus pasaportes -o cualquier documento de identidad con el que hubieran cruzado la frontera- les eran retenidos por los policías que custodiaban a Marco Cámara, propietario de uno de los clubes nocturnos más conocidos de La Paz, el Katanas.
Eran llevadas a ese espacio cubierto de figuras egipcias y espejos, que olía a alcohol y cigarro. Allí dentro, Sandra Cámara, hermana de Marco Cámara, era la que manejaba y controlaba a “las chicas”.
Sandra se presentaba ante ellas con el detalle de una deuda enorme que debía ser pagada con su trabajo. Las convertía en damas de compañía y luego en víctimas de explotación sexual.
Eran obligadas a aceptar el trabajo, porque sólo así podrían pagar el transporte internacional, los documentos, la alimentación que recibían, la vivienda en la que las encerraban, la ropa o por el porcentaje que entregar al club por dejarlas trabajar. Una lista que día a día crecía sin parar.
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“El número exacto de víctimas es incalculable”, dice Nohemy.
“En los allanamientos hechos al Katanas se encontraron más de 200 pasaportes de distintas mujeres, documentos que eran retenidos para evitar que ellas escapen. Sí había mujeres que trabajaban voluntariamente, pero no eran la mayoría”.
Su abogada, Paola Barriga, afirma que con seguridad las víctimas son más, ya que lo encontrado era solamente de un local. “Cámara tenía tres en La Paz y otros tres en Santa Cruz”.
Sin respuestas claras de la justicia boliviana, el número de mujeres que pasaron por estos establecimientos es uno de los elementos borrosos.
“Pero aún así marcamos un hito, porque develamos que una red de este tipo sí existía a vista de todos. En las declaraciones se descubrió que cuando las muchachas pasaban de moda en su boliche eran vendidas a otros locales. Es decir que a las mujeres se las trató bajo un esquema de esclavitud, a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad, a unas cuadras del Ministerio de Gobierno”, manifiesta Barriga.
Y es que sus redes de corrupción se extendían por todo lado. Un chofer de la Guardia Municipal hacía de campana, para alertar al local sobre las batidas de control, y otro funcionario edil se encargaba de sacar la licencia para el local pese a tener una clausura anterior.
En el Ministerio Público, una fiscal rechazaba todas las denuncias contra Katanas y tres policías eran parte de la seguridad personal de Marco Cámara.
“La realidad de las mujeres que estaban dentro de este lugar es muy triste. Las personas que lo ven desde afuera nunca van a imaginar la gravedad del caso o todo lo que ocurría allí dentro. Lo peor es que sigue pasando en otros lugares”, afirma Nohemy.
Una sentencia que no alcanza
El pasado 21 de septiembre, luego de más de seis años de proceso, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz dictó sentencia condenatoria de 15 años de prisión para Marco Cámara. Junto a él fueron sentenciados el exfuncionario edil Jaime Mendoza (10 años), el policía Freddy Sergio Beyer (12 años) y el exchofer de la Guardia Municipal Miguel Ángel Nina (10 años). Se suman a los tres sentenciados en 2020, en procesos abreviados.
“Lamentablemente nuestro sistema penal establece eso como máxima condena”, dice Barriga antes de que se le quiebre la voz. “Perdón… es que son tantas víctimas”, añade.
Explica que en el caso de trata y tráfico de personas la pena máxima es de 10 años, condena que puede subir a 15 con los agravantes demostrados.
“Al interior del Katanas también hubo violaciones sexuales, para las que la pena máxima podría ser 25 años y 30 en el caso de menores. Pero fueron juzgados por trata y la sentencia mayor fue de 15. Es indignante, pero sentimos que tenemos un antes y un después”, dice.
Con la sentencia Nohemy quedó como denunciante y víctima. Aunque no está conforme, para ella es el fin de seis años en los que se sentía incompleta. “Un trozo de mi vida aún estaba pendiente, como si permaneciera atrapado dentro del Katanas”, finaliza.
Siete sentenciados
Hubo una denuncia que hubiera evitado más daño
Nohemy no fue la primera en denunciar al Katanas, pero sí fue la que logró su cierre definitivo. La primera denuncia fue hecha en 2012, por una adolescente que escapó del local.
Su edad no queda clara. Los registros dicen que tenía 17, pero refieren que su cédula de identidad estaba adulterada. Según la Alcaldía, en ese momento la Defensoría se constituyó en querellante por ser menor de edad.
En octubre de 2016, cuando el caso estalló, el director jurídico edil indicó que apenas un mes antes el Ministerio Público les notificó sobre el rechazo al caso, porque la víctima cumplió la mayoría de edad y la comuna ya no tenía la tutela.
Entonces, ¿cuántos años tenía la víctima? ¿Por qué no se investigó el caso de oficio, si había una denuncia de trata y tráfico, comercio sexual y violación?
No sería de extrañar que haya tenido 14 o 15 años, porque fue a la edad en la que Nohemy fue obligada a trabajar como contadora en local.
