La viceministra de Igualdad de Oportunidades (VIO), Nadia Cruz, informó este lunes sobre la presentación, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del anteproyecto de ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, con el fin de proteger a los beneficiarios.
“Se va a contar con información de todas y todos los obligados, por una resolución judicial, al pago de la asistencia familiar y se va a lograr hacer la identificación de deudores y deudoras, a fin de que se pueda coadyuvar en la fase de ejecución de pagos y así resguardar y proteger a los beneficiarios”, informó la autoridad en conferencia de prensa.
Explicó que, el presidente Luis Arce, encomendó al Ministerio de Justicia fortalecer el pago de la asistencia familiar, mejorar su procedimiento y asistir a los beneficiarios en ese tipo de pagos.
Asimismo, tendrá identificados a todos los deudores estableciendo una serie de restricciones, como ser el no acceso a cargos públicos o préstamos bancarios; no podrán obtener un pasaporte, entre otras medidas, para proteger a los beneficiarios.
“Se va a generar una serie de restricciones cuando se constate que existen deudores o deudoras de la asistencia familiar, la primera será la restricción de acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o en nivel de administración”, detalló la autoridad.
Cruz señaló que se hará un cruce de información con diferentes instituciones para verificar las fuentes de ingreso del deudor o deudora.
Entre las sanciones, se hará la “suspensión de los trámites” en cuanto compra y venta de bienes inmuebles sujetos a registro.
“En el caso de planes, programas y proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado, incluirá como un requisito más para la postulación el no tener un registro en calidad de deudor o deudora de una asistencia familiar”, manifestó.
Las entidades bancarias incorporarán entre su evaluación crediticia la información en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) para la otorgación de créditos.
Los deudores no podrán salir del país. Asimismo, se promoverá una imposibilidad de que el deudor contraiga matrimonio hasta que pague todo lo adeudado.
La autoridad señaló que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a inicios de la próxima gestión, deberá establecer nuevos parámetros en el marco de los costos de vida actual, con las necesidades de los habilitados para reclamarla (vivienda, alimentación, salud, educación, recreación y vestimenta) y las posibilidades del obligado para otorgarla, para que sea justa y proporcional a las necesidades de los beneficiarios.
