La nueva ley de control de armas incluye la verificación de antecedentes y otras medidas que no existían en Estados Unidos.
Este sábado 25 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de control de armas, la más importante en tres décadas. Esto sucede un día después de que el Congreso diera diera el visto bueno a la propuesta bipartidista propuesta hace algunas semanas.
Esta nueva legislación también incluye la verificación de antecedentes para los compradores más jóvenes, desde los 18 años de edad, y destinar fondos para incentivar a los estados a aplicar leyes “de alerta”, con el objetivo de retirar del mercado las armas a personas que puedan representar una amenaza.
Se proporcionarán miles de millones de dólares para los servicios de salud mental y así evitar que los agresores domésticos condenados puedan conseguir un arma en un tiempo de por lo menos de cinco años.
los senadores estadounidenses lograron un acuerdo de mínimos con el objetivo de regular el control y acabar con los tiroteos.
Nueva ley de control de armas no prohíbe la venta
Pese a los filtros que se aplicarán a las personas que deseen adquirir un arma de fuego, la nueva ley, que es el primer intento importante en regularlas, no prohíbe la venta de rifles de asalto o cargadores de alta capacidad.
“Este proyecto de ley no hace todo lo que quiero, pero incluye acciones que anhelé y que salvan vidas”, dijo Biden cuando firmó.
Esta aprobación por ambas cámaras, da fin a 30 años de inacción del Congreso con respecto a los cambios en las leyes federales en medio del aumento de la violencia armada y por frecuentes tiroteos en todo Estados Unidos.
¿Qué es la ley de control de armas?
Según indica, es la obligatoriedad de inscripción de cualquier arma de fuego y que deberá efectuarse por el poseedor de manera personal ante la autoridad competente. Si se trata de una persona jurídica, por el representante de ley, requisitos que dispone y bajo las condiciones de la ley.
Se trata de la más importante ley de control de armas de los últimos 30 años, en la que se aplicarán procedimientos para impedir que personas con potencial de amenaza adquieran un arma.
