El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magin Herrera, aseguró que los sedimentos tóxicos de la actividad minera de las cooperativas de Potosí recorrieron 32 kilómetros desde su origen en la comunidad de Agua Dulce y todavía no llega a Chuquisaca y Tarija; sin embargo, pide tomar medidas de prevención.
«Se ha verificado el sitio del incidente donde se ha cuantificado un derrame de 13.087 metros cúbicos de estos sedimentos mineralógicos, cuyo sedimento fue con dirección río abajo. Para verificar hasta qué distancia habría recorrido, se ha diseñado una ruta inicialmente de 18 kilómetros. Luego de una verificación, se ha hecho un ajuste y finalmente se ha logrado recorrer 32 kilómetros de distancia a lo largo del río, con un ancho promedio de 4,20 centímetros del río», precisó Herrera a radio Fides.
Según la autoridad, ordenaron tomar siete muestras de agua a lo largo del río Pilcomayo y los resultados muestran que no existe contaminación o alteración del pH del recuso vital, lo que significa que aún no existe mortalidad en la vida acuática. Pese a estos primeros resultados, ya se encargó una segunda toma de muestras en los mismos puntos para ver alguna evolución o cambio entre ambos resultados.
«Eso no quiere decir que debemos señalar tácitamente que no habría contaminación, sino que se tiene que tomar obviamente recaudos de prevención, monitoreo permanente para ver el comportamiento del agua en su cambio de pH», resaltó el viceministro.
El 23 de julio se reportó el colapso de un dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí en la región de Agua Dulce; los residuos son altamente contaminantes porque contienen metales pesados, mercurio, cianuro y otros elementos que se desplazan por el río Tarapaya que conecta con las aguas del río internacional Pilcomayo. Los departamentos en riesgo son Potosí, Chuquisaca y Tarija, además se estima que Paraguay y Argentina también podrían sufrir el impacto medioambiental.
Hasta el momento, las gobernaciones de Chuquisaca, Tarija, Potosí, algunas alcaldías y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas siguen un proceso penal a los mineros cooperativistas por la contaminación medioambiental con desechos tóxicos.
