La fuerza antidroga de Bolivia confiscó hasta julio de este año 51 avionetas con alijos de droga y la tendencia apunta a un registro histórico. Además, se identifican 300 pistas clandestinas desde donde sale la cocaína a otros países. El ‘evismo’ rechaza los datos
El objetivo antidroga del Gobierno es el trópico de Cochabamba, el bastión político del expresidente Evo Morales. Allí, en menos de una semana, se descubrieron dos megalaboratorios de cristalización de cocaína que acopiaban la producción de ocho fábricas de pasta base.
Las instalaciones estaban ubicadas en la jurisdicción del sindicato cocalero 10 de Agosto del municipio cochabambino de Villa Tunari. Hubo disparos y un civil resultó herido por efecto de la intervención.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, destacó ayer el resultado de esas operaciones y consideró que se dio “un duro golpe al narcotráfico” porque se desmantelaron las instalaciones, se secuestraron cuatro vehículos, tres armas de fuego y cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas una mujer y un ciudadano colombiano, además de la persona herida evacuada a un hospital de Santa Cruz de la Sierra.
La operación tuvo lugar una semana después de la presentación del ‘mapa del narcotráfico’ que mostró la existencia de hasta el 90% de laboratorios y fábricas de cocaína en esa zona del país. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien presentó esa información, aseguró que el objetivo “no es identificar a personas específicas, sino delitos”.
Desde la facción del MAS que promueve el retorno de Evo Morales al poder, cuestionaron al Del Castillo por focalizar las operaciones antidroga en el trópico de Cochabamba, una extensa zona ubicada en el centro del país compuesta por las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco, en el departamento de Cochabamba.
Allí nació el liderazgo de Evo Morales como líder de las Seis Federaciones de Productores de Coca. De hecho, la nueva ley de la coca permite el cultivo de hasta 7.700 hectáreas de coca en zona.
“Así como muestra esos mapas de calor, con esos puntitos rojos donde se chaquea, le hemos preguntando al ministro censurado (Del Castillo) de dónde salen los vuelos clandestinos; dónde exactamente están las pistas desde donde se exporta droga. Por qué no muestra mapas y los departamentos donde se secuestra la mayor cantidad de droga”, preguntó el diputado ‘evista’ Héctor Arce.
Además, el legislador consideró que los operativos ejecutados por la Felcn en todo este tiempo “no tienen el propósito de luchar contra el narcotráfico, sino de criminalizar a toda la región del trópico de Cochabamba con un carácter discriminatorio y racista”.
Mientras se conocían esas críticas a la política antidroga del Gobierno, el viceministro Mamani presentó los datos de confiscación de narcoavionetas durante los últimos 11 años. Lo hizo en el contexto de la coordinación para el manejo de los radares que el Estado boliviano adquirió a Francia en 2016 por $us 226 millones.
“Sostuvimos una importante reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de establecer acciones concretas para desarticular el puente aéreo de la cocaína mediante el uso de radares”, informó Mamani tras una reunión con el mando militar del Comando de Seguridad de Defensa Aérea (Cosea) y las autoridades de la Felcn que trabajarán con la información proporcionada por los radares que aún no están plenamente operativos para el control del espacio aéreo del país.
Hasta julio de este año, 51 narcoavionetas fueron confiscadas por la Felcn, la cifra casi triplica a las 18 unidades que se secuestraron en 2021, el año en el que comenzó la gestión del presidente Luis Arce. En 2022, la cifra de aeronaves que se incautaron las autoridades superó las 90, aunque 66 de esos aparatos corresponden a una requisa efectuada en tierra en el marco de las pesquisas ejecutadas en el aeródromo La Cruceña en el municipio de Cotoca.
Además, el Gobierno identificó unas 300 pistas clandestinas, según un informe presentado por el ministro Del Castillo a la comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. La ubicación de estas pistas no fue precisada con coordenadas de georeferencia, aunque se sabe que están en Santa Cruz, Beni y en el chaco tarijeño.
También hay evidencia de que narcotraficante uruguayo Sebastián Marset logró adueñarse del puente aéreo de la cocaína boliviana, así como de la “exportación” de este estupefaciente a mercados europeos. No solo eso, el hombre también tejió una red de actividades empresariales para lavar la ingente cantidad de dinero que recibió como líder de una poderosa organización criminal.
La Fiscalía de Paraguay comenzó a seguirle los pasos el 6 de noviembre de 2019 y concluyó a fines del año pasado. La operación fue bautizada como “Araí” y fue compartida con Europol y, luego, en febrero de este año con autoridades de Bolivia. Marset huyó el 29 de junio luego de haberse instalado en el territorio nacional.
El embajador de la Unión Europea (UE), Michael Dóczy, aseguró que la lucha contra el narcotráfico es de alcance global y que la cooperación continuará en el marco de un programa que finalizará el 2025. “En el marco de los retos globales y responsabilidades compartidas apoyamos con un monto de114 millones de Euro es desde el año 2008 y de manera adicional tenemos actualmente un apoyo presupuestario de hasta 20 millones de Euros para programas de desarrollo integral con coca hasta 2025”, dijo el diplomático.
Aseguró que el enfoque de la ayuda es para el control de coca, además de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
