La ocupación data de noviembre de 2019. La Agencia Estatal de Vivienda dice que asumió acciones en la justicia. Diputados preparan sesión en la zona para “escuchar a todas las partes”
Allí se construyeron 453 casas y, hace más de tres años, se las adjudicaron legalmente a 110 familias A pesar de ello, el complejo habitacional está totalmente ocupado porque las viviendas que no fueron vendidas, un 75% del barrio, están ocupadas de manera irregular. La toma tuvo lugar el 14 de noviembre de 2019, cuatro días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia y en medio de la crisis nacional.
EL DEBER visitó hace dos días a los vecinos de este barrio. Ellos sienten aún la tensión de hace tres años. El grupo que tomó las casas está organizado. “Estamos cansados, muchas veces, hemos sido amenazados, incluso, hubo agresiones físicas”, aseguró una de las vecinas, quien pidió no ser identificada. A ella, se sumaron otros habitantes que también solicitaron entregar sus testimonios, pero sin que se mencionen sus nombres. Temen represalias, pero también esperan resolver el conflicto de la urbanización.
“Queremos un trato igualitario. No es que los rechazamos o que nos opongamos a que tengan su casa. Queremos que todos tengan una condición regular, paguen sus cuentas al banco y, de este modo, podamos organizarnos como vecinos para que todos podamos acceder a todos los servicios”, apuntó otra vecina, visiblemente preocupada por esta situación.
“Nosotros ingresamos de una manera pacífica y, cuando lo hicimos, las casas estaban totalmente abandonadas y descuidadas. Nunca les hemos hecho daño a esos supuestos adjudicatarios. Estamos alejados de todo color político”, aseguró una dirigente del grupo que tomó las viviendas sin completar todos los trámites requeridos para beneficiarse de las unidades habitacionales. Ella se identificó como Marlene, en un contacto con EL DEBER. Pidió que no se les llame “avasalladores” porque están dispuestos a regularizar su situación a través de un trámite ante AE-Vivienda.
“Eso sí, no podemos tapar el sol con un dedo, porque hubo gente que se entró (con violencia) y ellos ya abandonaron las casas”, apuntó Marlene. Insistió que ingresaron de “forma pacífica”, pero en 2020 y no durante la crisis política de 2019. “Somos más de 300 familias”, apuntó poco antes de asegurar que están organizados “en una junta de vecinos que está legalmente reconocida”.
La urbanización está formada por unos 30 manzanos. Los accesos están asfaltados y si uno pretende visitar la zona desde Santa Cruz de la Sierra, debe hacerlo a través de la avenida G77. Desde la plaza 24 de Septiembre hasta este barrio hay una distancia de 26 kilómetros. También existe un acceso desde Satélite Norte, una ciudadela del municipio de Warnes. El barrio está cerca de la comunidad Clara Chuchío.
“Nuestros impuestos los pagamos en Warnes y es algo que tampoco hacen los que se entraron. Estamos preocupados, porque uno llega acá con la esperanza de vivir con tranquilidad, pero, eso ha sucedido”, dijo otra vecina del grupo de los adjudicatarios que paga cerca de Bs 1.500 al mes para amortizar y pagar su deuda en el banco. “Hemos estado varias veces con las autoridades de la AE-Vivienda, pero en tres años nos han dado ninguna solución”.
Marlene también dijo que buscaron una solución y reveló que, en los últimos días, pudieron reunirse con autoridades del Viceministerio de Vivienda, una entidad del Ministerio de Obras Públicas.
El director nacional de esta agencia, Juan José Espejo, explicó a EL DEBER que se realizaron varias acciones en instancias legales. “Hemos hecho acciones de amparo constitucional en un proceso penal. Esto nos va a permitir, como está avanzando el proceso, sacar a estas personas que han avasallado”, apuntó la autoridad.
Espejo señaló que, por efecto de la pandemia y de la crisis política de 2019, muchas personas perdieron sus empleos. Sostuvo que este factor influyó para que no puedan calificar para el crédito de vivienda social. Señaló que trabajan en un proyecto de ley para “flexibilizar” las condiciones para que más personas se beneficien de los planes de vivienda.
Un reporte del Comité de Vivienda de la Cámara de Diputados señala que el 70% de las soluciones habitacionales que construyó el Gobierno en ocho municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz están deshabitados y, en algunos casos, abandonados.
Espejo explicó que estos proyectos corresponden al programa ‘Comunidades urbanas’ y aseguró que estas obras, especialmente, las que se hicieron en condominios cerrados, dejarán de ejecutarse porque el Estado debe recuperar la inversión de los proyectos que aún no han sido ejecutados.
El diputado Aldo Terrazas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), explicó que existe un “capital dormido” que supera los $us 83 millones. Por eso, anticipó que intensificará las acciones de fiscalización.
Respecto a las observaciones que existen en la urbanización Papa Francisco, un proyecto inscrito en las ‘Comunidades urbanas’ de AE-Vivienda, Terrazas señaló que “muchas de las personas que avasallaron se enfrentaron a trabas en esta entidad, donde sus trámites fueron rechazados”.
Por eso, anticipó que solicitará más datos al Ministerio de Obras Públicas para conocer las proyecciones que se tienen para el sector y que su comité y la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados sesionará el 20 de septiembre en el barrio afectado “para escuchar a todos los vecinos y poder encontrar una solución integral a esos avasallamientos”.
“También vamos a convocar a las autoridades de AE-Vivienda para que nos informen qué acciones ejecutaron hasta la fecha. En la Comisión somos 10 diputados y muchos de ellos son del MAS”, remarcó el representante.
El presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), Juan Pablo Saavedra, sugirió la creación de un fondo para que el sistema financiero tenga mayores garantías para sostener eventuales pérdidas por mora, todo esto en caso de que los adjudicatarios no tengan todas las condiciones necesarias para acceder a un crédito de vivienda. “Se trata de garantizar y fondear operaciones enfocadas en los sectores que actualmente no acceden a financiamiento bancario por tener un perfil de riesgo mayor al que aceptan los bancos actualmente”, apuntó.
El pasado jueves el presidente Luis Arce informó que ya existe un fondo de garantía de crédito para el sector gremial y el Plan de Vivienda Social y Solidaria. Este anuncio fue realizado, precisamente, durante la promulgación de la Ley 1455, una norma de protección a las actividades de los trabajadores gremiales y por cuenta propia.
La informalidad en el país supera el 70%. Los actuales planes de crédito de vivienda demandan estabilidad laboral de dos años y tener aportes en las AFP.
