Tal como sucediera en 2021 el crecimiento económico del país no fue el suficiente como para pagar el segundo aguinaldo. En esta gestión, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) llegó a 4,13 %, así lo confirmó en una conferencia de prensa el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.
“No se alcanzó el parámetro para el pago del segundo aguinaldo”, fue la escueta respuesta que dio el ministro Cusicanqui cuando los periodistas le preguntaron si todo el detalle del crecimiento sector por sector que había brindado significaba el pago del beneficio.
El 20 de noviembre de 2013 el gobierno de Evo Morales aprobó el decreto 1802, mediante el cual se aprobaba el pago de un segundo aguinaldo siempre y cuando el crecimiento del PIB supere el 4,5 %, lo que no ocurrió.
En su detalle de cifras y datos, Cusicanqui dijo que el crecimiento en el primer trimestre fue del 3,97 % inferior al registrado en este segundo trimestre (4,13%), pero que finalmente fue insuficiente para el pago del beneficio. El gasto que tienen los hogares también creció al 4,5%; mientras que el crecimiento en los restaurantes fue del 12,95 %; el transporte aéreo fue el que más creció en este segundo trimestre con el 36,42%.
La empresa grande y mediana ya había adelantado que no estaban en condiciones de pagar un segundo aguinaldo y que de producirse, habría muchas empresas que cerrarían sus actividades. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez, había manifestado que había el 99,99% de probabilidad de que no se pague el segundo aguinaldo y el Gobierno ratificó ese dato.
El ex dirigente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Emilio Gutiérrez, advirtió que este sector ya estaba maltratado desde antes de los conflictos de 2019, que empeoró con la pandemia, y que las unidades productivas, asentadas en Cochabamba y El Alto, principalmente, están sobreviviendo y pagando deudas a los bancos.
Por tanto, dijo que un segundo aguinaldo obligaría a cerrar los talleres, porque no tienen la capacidad de pago que obliga el decreto de 2013 y recordó que en los años que estuvo vigente, los propietarios de talleres fueron apoyados desde el mismo Gobierno para cumplir con ese beneficio.
