La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves que el proceso en contra del excívico Luis Fernando Camacho por el caso golpe de Estado de 2019 se desarrolla en el ámbito judicial, por lo cual consideró política la movilización convocada por diversas entidades cívicas para el 10 de enero.
“Éste es un hecho judicial, está en etapa de investigación y ahí se están conociendo muchos casos, dentro de ello ha sido informado por el Ministerio de Gobierno los movimientos económicos (de Camacho), son 4,5 millones de bolivianos (movidos) en ese periodo y ése es solo el inicio de varios elementos que se están generando”, indicó Alcón en declaraciones a la prensa en La Paz.
Basada en información del Ministerio Público, la autoridad recordó que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz durante las protestas de 2019, conocía que en diciembre de 2020 se presentó la denuncia por la ruptura del orden constitucional que llevó a la presidencia de manera irregular a la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.
En el marco de ese proceso, el también gobernador de Santa Cruz fue citado en cuatro ocasiones por el Ministerio Público, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, pero no acudió a ninguna convocatoria, a diferencia de otros actores que sí lo hicieron.
Ello sucedió, por ejemplo, con el expresidente Carlos Mesa quien el 17 de junio de 2021 acudió al Ministerio Público, aunque se abstuvo de brindar declaraciones ante la Comisión de Fiscales que investiga la denuncia presentada por la exdiputada del MAS-IPSP Lidia Patty.
“Se ha notificado (a Luis Fernando Camacho) desde octubre de 2021 a octubre de 2022. Conocía, ustedes conocen que el señor Mesa ha sido convocado y ha asistido y luego seguía el señor Camacho, cuatro veces ha sido convocado y no ha prestado sus declaraciones como cualquier ciudadano”, argumentó.
Camacho debe responder por su actuación en las protestas de 2019, en las que su papá José Luis Camacho Parada “cerró” con lo policías y militares para que no salgan a reprimir a la población y se viabilice la ruptura del orden constitucional.
Incluso Camacho, de acuerdo con la Comisión de Fiscales, habría “propuesto constituir un Gobierno Cívico Militar”.
Luego de su aprehensión, Camacho invocó su derecho a guardar silencio y no declaró ante la Comisión de Fiscales. El 30 de diciembre, la justicia ordenó la detención preventiva del gobernador cruceño por el lapso de cuatro meses en el penal de Chonchocoro.
Mientras los adeptos de Camacho alientan protestas con ataques a edificios de entidades públicas y el intento continuo de tomar el Comando Departamental de la Policía, las investigaciones continúan y van confirmado el rol protagónico del excívico en la ruptura del orden constitucional.
El miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones, los cuales habrían ido a financiar el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Lejos de refutar estas evidencias, el movimiento cívico reunido en Santa Cruz determinó convocaron para el 10 de enero a marchas de protestas en todo el país y posteriormente a movilizaciones escalonadas exigiendo la liberación de Camacho.
La viceministra no dudó en calificar de “política” la convocatoria. Argumentó que el gobernador cruceño conocía del proceso, defendió el accionar del Ministerio Público y rechazó las aseveraciones de que Camacho habría sido secuestrado.
“Nosotros entendemos esto como un tema político, hay familias que piden justicia y necesitamos que aquello se genere en ese marco”, insistió Alcón.
No obstante, aseguró que el derecho a la protesta de todos los sectores está garantizado en tanto no vulneren la normativa u ataquen o dañen la infraestructura pública. Afirmó que los autores serán procesados.
