La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que esta jornada se iniciará el proceso de extradición del exministro de Defensa Fernando López y del exgeneral de la Policía, Yuri Calderón, para que sean trasladados a Bolivia y sometidos a la ley por presuntos delitos cometidos durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“El presidente del Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha informado oficialmente que ambos ciudadanos bolivianos se encuentran en ese país”, señaló el procurador Wilfredo Chávez Serrano, según refiere un boletín institucional.
Indicó que ahora que se tiene la certeza de su ubicación, la Procuraduría, como parte de los procesos judiciales que se les sigue en la justicia boliviana por la comisión de delitos de lesa humanidad y de corrupción, solicitará que se active el proceso de extradición a la brevedad posible y para esto se basará en el Tratado bilateral que está vigente entre Bolivia y Brasil.
“La PGE, como parte del proceso, solicitará al fiscal General del Estado promover la solicitud de detención preventiva con fines de extradición ante el Ministerio Público, órgano que deberá cumplir con organizar el legajo respectivo adjuntando las piezas procesales más importantes del caso, más su traducción, las que serán presentadas a la Cancillería del Estado, para que ésta los envíe a su similar brasileña y se resuelva el tema, más allá de quién es el presidente en Brasil”, indicó.
Sin cuentas pendientes
El exministro López mediante un tuit señaló que no tiene procesos abiertos en Estados Unidos, porque es inocente y destacó la democracia que se vive en Brasil, donde está asilado. Además, criticó al expresidente Morales.
“(Evo Morales) #evomoralesayma los EEUU no me juzgan por el caso gases porque sabe que soy inocente, Brasil vive en democracia y protege al injustamente perseguido. Tu dictadura tuvo más de mil exiliados en este país porque no existe justicia en Bolivia por tu culpa. ¿Qué dirá la DEA de Evo?”, señaló López en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, el procurador Chávez Serrano manifestó que las dos exautoridades están directamente implicadas en el golpe de Estado de 2019, ya que López Julio fue ministro de Defensa, como cuota de poder del actual gobernador cruceño, Fernando Camacho, mientras que Calderón fue el comandante de la Policía, por lo que facilitó que sus oficiales se amotinen y cometan varios delitos contra el pueblo.
López tiene una imputación formal por el caso Golpe de Estado I y fue declarado en rebeldía por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, tras no presentarse a su audiencia de medidas cautelares. En este caso, Áñez fue condenada a 10 años de cárcel, por vulnerar las normas para hacerse de la presidencia del Senado y luego de Bolivia.
También es investigado por el sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, caso por el que el exministro de Gobierno Arturo Murillo está preso en Estados Unidos, y por las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
Calderón también es parte de los acusados por los hechos de 2019.
Ausencia de López en audiencia cautelar
El pasado septiembre, el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, no compareció a su audiencia de medidas cautelares en la modalidad virtual por el caso Golpe de Estado I.
El exministro de Jeanine Áñez fue citado por edicto, ya que salió del país. El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal fijó audiencia, luego de que la Fiscalía lo imputara por el delito de terrorismo.
López es investigado por terrorismo, debido a los hechos luctuosos que se desencadenaron en noviembre de 2019. Esa fecha, la exsenadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta.
La parte acusadora, Lidia Patty, pedirá la detención preventiva del investigado.
