Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, adquirió en favor de su patrimonio personal un vehículo modelo 2023 por unos $us 25.000. Además, el reporte señala que recibió al menos 117 depósitos bancarios de 16 cuentas cuyos titulares son o fueron funcionarios públicos.
En total, esas operaciones superaron los Bs 200.000 y se produjeron entre marzo de 2018 y diciembre de 2022, cuando aún estaba en curso el contrato de adquisición de las 41 ambulancias para la región.
“Del análisis patrimonial, Jhonny Mamani Gutiérrez registra un vehículo Jeep Suzuki Jimmy modelo 2023, el mismo que tiene un precio referencial de entre $us 21.990,00 a $us. 25.590,0. Al respecto, se desconoce, el origen de los fondos para su adquisición, tomando en cuenta que (Mamani) no registró otras operaciones activas y/o pasivas (créditos) en el sistema financiero, ni actividad económica declarada que le genere ingresos adicionales”, señala el reporte de la UIF que también destapa otros “movimientos sospechosos” del gobernador cuando fue alcalde de Tahua, un municipio del sudoeste de Potosí, próximo a la frontera con Chile.
La UIF examinó las finanzas de Mamani desde 2014, el año anterior al inicio de su mandato como alcalde en Tahua. El reporte, que incluyó un análisis de sus ingresos, llegó hasta abril de este año, tomando en cuenta los actuados e investigaciones respecto a la adquisición de vehículos durante su gestión como gobernador de Potosí, entre esos bienes, las 41 ambulancias para enfrentar el covid.
Los resultados de las pesquisas, aplicable a personas públicas políticamente expuestas, fueron remitidos a la Fiscalía de La Paz, la entidad que en 2022 solicitó este examen ante el escándalo de las llamadas “ambulancias fantasmas”. Así fue bautizado el caso.
Además, el Ministerio Público halló una relación entre la autoridad potosina con un grupo de ciudadanos paquistaníes que operan desde el puerto de Iquique, en el norte de Chile, en el rubro de la internación de vehículos “reacondicionados” a Bolivia. Además, estos motorizados son adquiridos de “mercados grises” afincados en Dubái y no de las fábricas.
En este contexto, el 18 de agosto un juzgado anticorrupción envió al gobernador Mamani a prisión preventiva por el lapso de seis meses. El juez aceptó los cargos vinculados con la legitimación de ganancias ilícitas y pidió a la comisión de fiscales preparar la acusación formal para abrir el juicio.
La defensa de la autoridad anunció una apelación porque consideró que la detención preventiva “fue excesiva”. El recurso se debe resolver esta semana. Mamani pidió, por su lado, licencia solo por 10 días, hasta fines de agosto. En este tiempo, el gobernador interno de Potosí será Wilber Jancko (MAS), quien anticipó que su prioridad será la presentación del presupuesto 2024 al Ministerio de Economía.
“Sobre la investigación patrimonial (que hizo la UIF), este es un tema distinto al de las ambulancias, pero vamos a presentar todos los descargos necesarios”, anunció Luis Choque, el abogado defensor del gobernador.
Respecto a la supuesta relación entre la autoridad potosina y los empresarios paquistaníes, Choque aseguró que la Fiscalía “no ha demostrado, con ningún elemento, qué tipo de vinculación puede existir con estas personas”. Anunció que estos elementos se harán conocer en la audiencia de apelación sobre la que aún no existe una fecha fijada por la justicia.
“Vamos a presentar los descargos correspondientes”, insistió Choque respecto a los hechos que están consignados en la imputación contra Mamani y que tienen como base el reporte presentado por la UIF sobre el ingreso y salida de dinero desde su cuenta de ahorro registrada en el Banco Unión.
De los 16 funcionarios que depositaron dinero en esa cuenta del gobernador, la UIF puso el foco en varios casos. El primero corresponde a una secretaria que trabajó en las municipalidades de Llica y Tahua. Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2020, puso allí dinero en efectivo a nombre de la mancomunidad Incahuasi, por un monto total de Bs 59.442 “desconociéndose el motivo generador de los mismos”.
La investigación también analizó el comportamiento financiero de otra funcionaria quien fue la tesorera de la Gobernación de Potosí. Desde enero de 2022 hasta enero de 2023, ella realizó 48 depósitos en efectivo por un monto Bs 26.831. “Se desconoce el motivo generador (de este movimiento)”, apunta el reporte de la UIF, revisado por EL DEBER.
La pesquisa también resaltó los depósitos efectuados por Luis René Loayza Gallardo, quien fue uno de los funcionarios de la comisión de recepción de las 41 ambulancias y que firmó el documento que daba cuenta de la llegada de esos bienes, el 31 de diciembre de 2021, cuando estos vehículos estaban en el puerto de Iquique. Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2021 hizo cinco depósitos en favor de Mamani por un total de Bs 53.300.
El gobernador potosino también puso dinero en su propia cuenta y lo hizo en cinco ocasiones por Bs 58.100, entre octubre de 2016 y septiembre de 2022. “Es llamativo que en fecha 21 de septiembre de 2021 se depositara Bs 40.000 del total mencionado, desconociéndose el origen de los fondos, toda vez que no se registraron retiros de dinero de sus cuentas personales ni alguna otra operación similar en fecha o monto que respalde dicha transacción”, señala el reporte de UIF.
La fecha de esa transacción observada coincide con el de creación de Stefals Logistics, la empresa con la que cerró trato para la provisión de 41 ambulancias, cinco camionetas y dos vagonetas. Esta firma aparece como “fachada” de la operación del paquistaní Umar Siyab y su socio Muhammad Kadhif Ilyas. Ambos extranjeros figuran en la imputación planteada contra Mamani, además de Humberto Huanca, el propietario de la empresa que se adjudicó una operación por más de Bs 20 millones con un capital de garantía de apenas Bs 100.000.
De hecho, el informe de la Asamblea Legislativa de Potosí señala que la elección de Stefals pudo ser direccionada para favorecer el contrato, que fue anulado por efecto de las irregularidades.
