Los exministros de la gestión de Jeanine Añez: Carlos Romero (Gobierno), Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por el delito de Tráfico de Armas e Incumplimiento de Deberes, por la internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.
El fiscal departamental de La Paz , William Alave Laura, confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en juicio oral, solicitará la pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, para los exministros de la gestión de Jeanine Añez: Carlos Romero (Gobierno), Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación).
Las tres exautoridades fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por el delito de Tráfico de Armas e Incumplimiento de Deberes, por la internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.
“Como Ministerio Público, se ha emitido la acusación formal dentro del caso Gases Ecuador, y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, dijo Alave.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, informó que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019, aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel.
“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 Quater del Código Penal, en el inciso V., que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, dijo Bolívar.
De acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría desarrollado una reunión de los exministros acusados en Palacio de Gobierno junto al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades, donde se tocaron varios temas y entre ellos la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país, según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación.
En ese momento, la exministra de Comunicación salió de la reunión y regresó con la noticia de que habría coordinado el préstamo de equipos antidisturbios con la República del Ecuador y que debía hacerse el trámite logístico para el recojo.
Luego, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, quienes fueron llevados directamente desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para constituirse a Ecuador y recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías.
Días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación, que desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se develó el “préstamo” irregular, posteriormente se activaron las pesquisas.
