“Tengo entendido que tenemos derechos pre-constituidos las cooperativas auríferas en áreas del Madidi, no te puedo decir cuántas, ni dónde están exactamente, pero las tenemos (…). Datan de antes de la vigencia de la Ley de Minería y Metalurgia 535 de 2014.”, afirmó el jurista en entrevista con Brújula Digital.
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado entre las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste del departamento de La Paz fue creado por Ley del 21 de septiembre de 1995.
“¿Cuándo nace el derecho preconstituido? porque ojo, la Constitución Política del Estado establece que se respetan los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras, y la Constitución está por encima de las leyes, los decretos y otras normas”, afirmó.
Según Fecoman, los derechos mineros pre-constituidos otorgados a favor de sus afiliados datan de la década de los 80´ e incluso antes. “Fueron otorgados en el área, antes de que el Madidi haya sido declarada área protegida, entonces el Estado ya les declaró el derecho minero, y como los derechos otorgados se respetan no pueden tocar esas áreas”, dijo.
¿Por qué hay minería ilegal?
El mes de mayo de 2021, la líder indígena Ruth Alípaz denunció que el 100 por ciento del río Tuichi que se encuentra al interior del Madidi, fue cuadriculado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para la explotación aurífera, sin considerar que se trata de un área protegida.
Al respecto, Paredes cuestionó: ¿por qué hay minería ilegal? y respondió: “porque los trámites ante la AJAM para contratos administrativos mineros son tal lentos que es más fácil llegar a Júpiter, que lograr un derecho minero de los derechos mineros pre-constituidos”.
“Hay minería ilegal, ¿pero dónde está el origen de la minería ilegal?, no está en quienes realizan operaciones mineras, está en el que sufre todo el proceso de trámite, todo el proceso de adecuación de los anteriores derechos preconstituidos para la suscripción de contratos mineros y en las nuevas solicitudes”, aseguró.
El jurista señaló que si conseguir la aprobación de los derechos pre-constituidos ya es difícil, es mucho más lograr para nuevas áreas mineras, que por precepto constitucional tienen que ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
“Es más fácil llegar a Marte que lograr un derecho minero sobre un derecho pre-constituido; si haces los trámites no te atienden, no te resuelven en los plazos supuestamente establecidos, ¿qué vas hacer?, se ven obligados a hacer operación minera (…). El cooperativista o el que está solicitando un área minera se ve imposibilitado; hay necesidad de trabajar, de invertir, ellos ya tienen identificada el área minera, ya tienen su planimetría. Entonces, no les autorizan, les obligan a operar”, justificó así las operaciones auríferas ilegales.
Paredes cuestionó el rol del Estado respecto a su trato con las cooperativas. “Fácilmente las autoridades de Gobierno dicen la minería ilegal, antes de lanzar el criterio de la minería ilegal debían hacerse una auto-confesión interna, preguntar ¿por qué hay minería ilegal?, ¿por qué se ha incrementado la minería ilegal?, ¿quién está fallando?”, lanzó las preguntas.
El 2018, la periodista Jimena Mercado denunció el asedio al Madidi y las sociedades ilegales entre cooperativas locales y capitales extranjeros a través del reportaje: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas”, difundido por ANF. Se verificó la presencia de “dragones” a lo largo de río de Kaka, colindante al río Beni.
En junio del año pasado, el coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), Óscar Loayza, advirtió de la contaminación minera del río Tuichi, por el uso del mercurio.
Con más de 20 años de experiencia en trabajo de campo en áreas protegidas, Loayza advirtió que la demanda de los cooperativistas mineros auríferos plantea la recategorización y la rezonificación de las áreas protegidas a partir de la actividad minera, y no al revés, cuando debe ser a partir de los valores de conservación natural que se aprueben o no.
Posteriormente, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, en respuesta a una petición del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se manifestó sobre la situación del país y advirtió que Bolivia se convirtió en el centro del tráfico ilegal del mercurio hacia los países vecinos, con lo cual no solo está promoviendo la minería ilegal. Denunció que con ello, se estaban frustrando esfuerzos internacionales dirigidos al cumplimiento del Convenio de Minamata.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, con larga trayectoria como activista por el medioambiente, afirmó que se estima que cerca de un 90% de las actividades mineras en el norte de La Paz es ilegal y que quienes denuncian tales irregularidades terminan siendo acusados y detenidos.
En una incursión realizada el mes de abril a la comunidad de Chushuara en el municipio de Apolo, junto a una comitiva de líderes indígenas de San José de Uchupiamonas, la embarcación en la que se trasladaban sufrió ataques con piedras de un grupo de avasalladores mineros.
Requena, quien preside la Comisión de Tierra Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado lamentó la inacción y/o posible complicidad de algunas autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Naval, por permitir el ingreso ilegal de dragas al Parque Nacional Madidi y la violencia en el norte de La Paz.
