El pronunciamiento se da cuando se cumplen cuatro años de la “detención arbitraria” de la exmandataria por la crisis política y social de 2019
Más de una decena de expresidentes de países hispanoamericanos, además de activistas y opositores de Bolivia exigieron este jueves la «inmediata liberación» de la exmandataria interina Jeanine Áñez, cuando se cumplen cuatro años de su «detención arbitraria» por la crisis política y social de 2019 en el país.
El colectivo boliviano Mujeres por la Democracia difundió en sus redes sociales un «Manifiesto por la libertad» de Áñez y «todos los presos políticos del régimen del MAS», el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Quienes firman y se adhieren al documento declararon su «exigencia a las autoridades del órgano Ejecutivo, del órgano Judicial y de la Fiscalía General del Estado para que se ordene su inmediata liberación, al igual que la de todos los presos políticos, en un acto de justicia y de mínima restitución de los derechos conculcados».
El documento menciona en sus «adhesiones internacionales» a trece expresidentes, incluidos el español Mariano Rajoy, el argentino Mauricio Macri, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, el paraguayo Mario Abdo, el chileno Eduardo Frei, la panameña Mireya Moscoso, el colombiano Andrés Pastrana y el ecuatoriano Guillermo Lasso.
También figuran la activista cubana Rosa María Payá, los venezolanos Leopoldo López y Lilian Tintori, los nicaragüenses Félix Madariaga y Bertha Valle, el eurodiputado español de extrema derecha Hermann Tertsch, además de decenas de parlamentarios, activistas y exautoridades de Bolivia.
Entre los opositores bolivianos que se adhirieron al pronunciamiento está el expresidente Carlos Mesa, quien compartió en X el documento y aseguró que el «encarcelamiento ilegal impuesto» a Áñez «por el régimen del MAS, hace cuatro años, constituye un acto de persecución política».
La exmandataria interina también recordó en sus redes sociales los cuatro años de su detención, periodo en el que dijo haber sufrido los «abusos del sicariato judicial, fiscal» y del oficialismo.
Evo Morales renunció a la presidencia en 2019 y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las fallidas elecciones generales de ese año, luego anuladas.
Jeanine Áñez asumió el mando interino del país dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por la exdiputada oficialista Lidia Patty, y en 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por otro caso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La Fiscalía y el Gobierno consideran que Áñez vulneró los reglamentos parlamentarios al proclamarse presidenta, mientras que la defensa de la exgobernante aseguró que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses teniendo como principales acusados al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder ciudadano del departamento andino de Potosí y excandidato a la Vicepresidencia Marco Pumari.
Ambos lideraron las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.
La política siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
